Juez desecha 50 amparos contra "gasolinazo"
Estimó que no sería jurídicamente factible ordenar a las autoridades responsables legislar nuevamente y “rediseñar” un nuevo esquema de fijación de precios
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El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, desechó 50 amparos contra el “gasolinazo”.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la sentencia precisa que las políticas de Estado solo pueden ser instrumentadas por una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental.
Aclaró que no corresponde al juzgado federal imponer una obligación a los expendedores de gasolina para que realicen el cobro de los productos que venden bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional.
Estimó que no sería jurídicamente factible ordenar a las autoridades responsables que legislara nuevamente en materia económica y de política pública, y “rediseñar” un nuevo esquema de fijación de precios.
Por estas razones, la juzgadora concluyó que esta clase de reclamos no pueden ser dirimidos por el Poder Judicial, porque el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir si es correcta la política pública en materia económica implementada por uno de los poderes de la Unión.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la sentencia precisa que las políticas de Estado solo pueden ser instrumentadas por una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental.
Aclaró que no corresponde al juzgado federal imponer una obligación a los expendedores de gasolina para que realicen el cobro de los productos que venden bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional.
Estimó que no sería jurídicamente factible ordenar a las autoridades responsables que legislara nuevamente en materia económica y de política pública, y “rediseñar” un nuevo esquema de fijación de precios.
Por estas razones, la juzgadora concluyó que esta clase de reclamos no pueden ser dirimidos por el Poder Judicial, porque el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir si es correcta la política pública en materia económica implementada por uno de los poderes de la Unión.