Prohíben castigar a niños a golpes en casa o escuelas 

Reforman Ley de Educación y Código Civil 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas los diputados locales aprobaron prohibir los castigos físicos o corporales a niños, niñas y adolescentes en las escuelas, con el único objetivo de evitar graves daños en su desarrollo físico, psicológico y social.

Durante la última sesión de mayo, los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias aprobaron reformas al artículo 30 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y del artículo 391 del Código Civil del Estado.

Son medidas legislativas, administrativas sociales y educativas necesarias para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o trato negligente, malos tratos o explotación.

El artículo 30 de la Ley de Educación quedaría: Al impartir educación a los niños, niñas y adolescentes se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, en un marco de igualdad de género, prohibiéndose, para tal efecto, utilizar el castigo corporal u otra forma de trato humillante contra niños, niñas y adolescentes en cualquier espacio educativo. 

Reforman Ley de Educación y Código Civil 

El artículo 931 del Código Civil estable: Queda prohibida la utilización del castigo físico o cualquier otro tipo de trato humillante como forma de corrección o medida disciplinaria, así como los actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 298 ter de este código. 

Los diputados locales señalaron que estas nuevas disposiciones tienen como objetivo la erradicación absoluta de la violencia física y el maltrato hacia este sector social, ya que es inadmisible que se sigan dando éstas prácticas como medidas disciplinarias, lo cual no justifica el castigo corporal.

“Estas modificaciones buscan que quienes ejerzan la patria potestad y las instituciones educativas del Estado garanticen el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, contribuyendo con ello a lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad”.