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Primero, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor un recurso de amparo promovido por parejas gays de Tamaulipas reclamando su derecho al matrimonio, el cual les había sido negado por el Registro Civil, y después, cuando en otra sentencia el mismo tribunal declaró inconstitucional todos los Códigos del país que definieran el matrimonio como la unión legal entre un hombre y una mujer, varios diputados locales, o se declararon contundentemente en contra del matrimonio igualitario, o de plano se manifestaron indecisos aunque más inclinados al “no”.
Los más aferrados a la negativa fueron panistas como Álvaro Humberto Barrientos Barrón, quien casi casi calificó de pecado el siquiera pensar en legalizar la unión entre parejas del mismo sexo. En respaldo a su postura exhibió miles de firmas de tamaulipecos.
El coordinador de los diputados del PRI, Ramiro Ramos Salinas, dijo en su momento que: “si la mayoría está a favor le daremos para adelante a la reforma”.
La postura del también presidente de la Junta de Coordinación Política pudo leerse más como un “no” disfrazado.
En igual sentido se expresaron Francisco Elizondo Salazar, el coordinador de los diputados panistas, y el hoy legislador independiente y candidato a la alcaldía de Reynosa, Alfonso de León Perales.
Pero no sólo en el Congreso del Estado le sacaban la vuelta al tema. Lo mismo sucedió con el Poder Ejecutivo, porque nunca se percibió un interés por acatar la resolución del máximo tribunal constitucional del país, que obligaba a corregir el Código Civil local.
Ambos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, debieron en su momento impulsar la adecuación a la legislación Civil del estado para, sencillamente, definir en la misma que el matrimonio es la unión legal entre dos personas como lo mandató la SCJN. Bastaba con eso. No había necesidad de hacer precisiones acerca de parejas del mismo sexo si lo que querían era no lastimar a los sectores conservadores de la sociedad tamaulipeca.
Pues bien, toda esa negativa, con tufo homofóbico, de legisladores y gobernantes locales, topó en pared esta semana cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas, entre ellas una de reforma a la Constitución del país, para permitir que los mexicanos contraigan matrimonio sin discriminación por género.
Se trata de una decisión histórica para el país, sobre todo porque privilegia el respeto que todos, como miembros de una sociedad, debemos tener por las preferencias de cada quien. Más allá de filiaciones religiosas o de cualquier otra índole, debemos pugnar por respetar las decisiones del de en frente, o el de al lado.
Definida entonces la “línea” presidencial, es de esperarse que en breve desaparezca la homofobia de la legislatura tamaulipeca para que apure la armonización al marco constitucional y legal del estado. Queda claro, sin embargo, que los diputados locales perdieron la oportunidad de haberse adelantado a lo que era inminente. En estos momentos estuvieran presumiendo ese logro. Será para la próxima.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com
Los más aferrados a la negativa fueron panistas como Álvaro Humberto Barrientos Barrón, quien casi casi calificó de pecado el siquiera pensar en legalizar la unión entre parejas del mismo sexo. En respaldo a su postura exhibió miles de firmas de tamaulipecos.
El coordinador de los diputados del PRI, Ramiro Ramos Salinas, dijo en su momento que: “si la mayoría está a favor le daremos para adelante a la reforma”.
La postura del también presidente de la Junta de Coordinación Política pudo leerse más como un “no” disfrazado.
En igual sentido se expresaron Francisco Elizondo Salazar, el coordinador de los diputados panistas, y el hoy legislador independiente y candidato a la alcaldía de Reynosa, Alfonso de León Perales.
Pero no sólo en el Congreso del Estado le sacaban la vuelta al tema. Lo mismo sucedió con el Poder Ejecutivo, porque nunca se percibió un interés por acatar la resolución del máximo tribunal constitucional del país, que obligaba a corregir el Código Civil local.
Ambos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, debieron en su momento impulsar la adecuación a la legislación Civil del estado para, sencillamente, definir en la misma que el matrimonio es la unión legal entre dos personas como lo mandató la SCJN. Bastaba con eso. No había necesidad de hacer precisiones acerca de parejas del mismo sexo si lo que querían era no lastimar a los sectores conservadores de la sociedad tamaulipeca.
Pues bien, toda esa negativa, con tufo homofóbico, de legisladores y gobernantes locales, topó en pared esta semana cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas, entre ellas una de reforma a la Constitución del país, para permitir que los mexicanos contraigan matrimonio sin discriminación por género.
Se trata de una decisión histórica para el país, sobre todo porque privilegia el respeto que todos, como miembros de una sociedad, debemos tener por las preferencias de cada quien. Más allá de filiaciones religiosas o de cualquier otra índole, debemos pugnar por respetar las decisiones del de en frente, o el de al lado.
Definida entonces la “línea” presidencial, es de esperarse que en breve desaparezca la homofobia de la legislatura tamaulipeca para que apure la armonización al marco constitucional y legal del estado. Queda claro, sin embargo, que los diputados locales perdieron la oportunidad de haberse adelantado a lo que era inminente. En estos momentos estuvieran presumiendo ese logro. Será para la próxima.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com