Mauricio González reclama espacio en el gabinete
Lo quiere para su hermano Federico. Mauricio está ligado a Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre, en delitos como lavado de dinero. También tiene una investigación en su contra por defraudación fiscal
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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mauricio Bernardo González Fernández, investigado por la PGR en el expediente que derivó en orden de aprehensión por narcotráfico contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, reclama un espacio en el gabinete estatal.
Señalado en Estados Unidos de Norteamérica como uno de los prestanombres y lavadores de activos, incluso ex Secretario Particular del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, González Fernández pretende que un cargo de primer nivel le sea entregado a su hermano Federico.
Mauricio y Federico, hermanos también de Alfredo, ex Tesorero en el gobierno de Egidio Torre Cantú, participaron activamente en la precampaña a la gubernatura, del priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez.
Alfredo era el cerebro financiero, Mauricio el conducto para que Eugenio Hernández y Egidio Torre enviaran dinero mal habido a Bernal, y Federico se encargaba de los tratos, principalmente con miembros de la Iniciativa Privada, varones.
En la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/102/2010, en la que Tomás Yarrington Ruvalcaba tiene una orden de aprehensión vigente en México, el empresario Antonio Peña Argüelles, testigo protegido conocido como “Ángeles”, declaró que conoció en 2003 a Mauricio González Fernández.
Agregó que González vivía entre Victoria y McAllen, Texas, y que su negocio ‘lícito’ consistía en vender un servicio satelital a estados y municipios, para la valorización de predios.
De hecho en esa indagatoria “Ángeles” relacionó a Mauricio González con Ricardo Gamundi Rosas, ex dirigente estatal del PRI.
A González Fernández y a Gamundi, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les congeló cuentas bancarias entre 2011 y 2012.
En la lista de personas físicas y empresas tamaulipecas sujetas a ese congelamiento, estuvieron:
Eugenio Javier Hernández Flores, quien tramitó el amparo 988/2012 en el Juzgado 11 de Distrito; Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, que interpuso el amparo 987/2012 en el mismo juzgado 11 de distrito.
Además de Inmobiliaria Palmas, SA de CV, con el amparo 989/2012; Inmobiliaria Santa Dolores, SA de CV, con el amparo 990/2012; Gasolinera Agrónomos, SA de CV, con el amparo 992/2012;
También GIFER, SA de CV, con el amparo 1964/2011; además de Ivonne Salinas Fisher con el amparo 990/2012; Inmobiliaria Los Troncones, SA de CV, con el amparo 991/2012.
Asimismo Óscar Manuel Gómez Guerra, cuñado de Eugenio Hernández Flores, con el amparo 704/2012; Fernando Alejandro Cano Martínez, con el amparo 633/2012; y Ricardo Gamundi Rosas con el amparo 989/2012.
Mauricio Bernardo González Fernández entonces tramitó el juicio de amparo 1928/2011 en el Juzgado Primero de Distrito por el congelamiento de cuentas bancarias.
Más recientemente, en abril de 2016, Mauricio Bernardo tramitó un nuevo amparo, el 733/2016, en el juzgado Primero de Distrito, porque teme que se le librara orden de aprehensión en una averiguación por defraudación fiscal.
Federico González Fernández fue Director Administrativo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, desde donde habría operado una red de venta de plazas, además de alentar la corrupción entre proveedores.
Señalado en Estados Unidos de Norteamérica como uno de los prestanombres y lavadores de activos, incluso ex Secretario Particular del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, González Fernández pretende que un cargo de primer nivel le sea entregado a su hermano Federico.
Mauricio y Federico, hermanos también de Alfredo, ex Tesorero en el gobierno de Egidio Torre Cantú, participaron activamente en la precampaña a la gubernatura, del priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez.
Alfredo era el cerebro financiero, Mauricio el conducto para que Eugenio Hernández y Egidio Torre enviaran dinero mal habido a Bernal, y Federico se encargaba de los tratos, principalmente con miembros de la Iniciativa Privada, varones.
En la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/102/2010, en la que Tomás Yarrington Ruvalcaba tiene una orden de aprehensión vigente en México, el empresario Antonio Peña Argüelles, testigo protegido conocido como “Ángeles”, declaró que conoció en 2003 a Mauricio González Fernández.
Agregó que González vivía entre Victoria y McAllen, Texas, y que su negocio ‘lícito’ consistía en vender un servicio satelital a estados y municipios, para la valorización de predios.
De hecho en esa indagatoria “Ángeles” relacionó a Mauricio González con Ricardo Gamundi Rosas, ex dirigente estatal del PRI.
A González Fernández y a Gamundi, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les congeló cuentas bancarias entre 2011 y 2012.
En la lista de personas físicas y empresas tamaulipecas sujetas a ese congelamiento, estuvieron:
Eugenio Javier Hernández Flores, quien tramitó el amparo 988/2012 en el Juzgado 11 de Distrito; Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, que interpuso el amparo 987/2012 en el mismo juzgado 11 de distrito.
Además de Inmobiliaria Palmas, SA de CV, con el amparo 989/2012; Inmobiliaria Santa Dolores, SA de CV, con el amparo 990/2012; Gasolinera Agrónomos, SA de CV, con el amparo 992/2012;
También GIFER, SA de CV, con el amparo 1964/2011; además de Ivonne Salinas Fisher con el amparo 990/2012; Inmobiliaria Los Troncones, SA de CV, con el amparo 991/2012.
Asimismo Óscar Manuel Gómez Guerra, cuñado de Eugenio Hernández Flores, con el amparo 704/2012; Fernando Alejandro Cano Martínez, con el amparo 633/2012; y Ricardo Gamundi Rosas con el amparo 989/2012.
Mauricio Bernardo González Fernández entonces tramitó el juicio de amparo 1928/2011 en el Juzgado Primero de Distrito por el congelamiento de cuentas bancarias.
Más recientemente, en abril de 2016, Mauricio Bernardo tramitó un nuevo amparo, el 733/2016, en el juzgado Primero de Distrito, porque teme que se le librara orden de aprehensión en una averiguación por defraudación fiscal.
Federico González Fernández fue Director Administrativo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, desde donde habría operado una red de venta de plazas, además de alentar la corrupción entre proveedores.