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A poco más de un mes del 18 de junio, el plazo fatal para el inicio generalizado en el país del sistema de justicia penal acusatorio, sigue siendo bastante el escepticismo respecto a si el nuevo modelo de procurar e impartir justicia vendrá a resolver en verdad la crisis de desconfianza social que generó el todavía vigente sistema inquisitorio.
Pero digamos que ese escepticismo de que le hablo es, hasta cierto punto, normal. A menos que haya quien pueda leer o anticipar el futuro, es imposible saber si el sistema procesal de juicios orales logrará los fines para los que fue creado, que son, entre otros: garantizar el respeto a los derechos humanos, transparentar, agilizar y hacer confiable la justicia.
En ese sentido, es obvio que los logros de esos objetivos dependerán en mucho de qué tanto cada entidad del país se haya aplicado en la implementación del sistema acusatorio. Aquellas que se preocuparon por capacitar debidamente a sus operadores jurídicos y que iniciaron a tiempo la construcción de la infraestructura necesaria, seguramente no tendrán tantos problemas como quienes dejaron todo para “el cuarto para las doce”.
Y es precisamente por esto último que le traigo a cuento el tema. Resulta que, mientras la mayoría de las entidades del país le han dedicado esfuerzo y dinero a cumplir, de la mejor manera, con el mandato constitucional de migrar la justicia a un sistema acusatorio, el Gobierno federal ha dejado las cosas para el último minuto en el ámbito de la justicia federal.
Déjeme y le explico: la reforma Constitucional del 18 de junio del 2008, dio un plazo de ocho años (que vence este próximo 18 de junio) para que la federación y los estados implementaran la reforma penal, la primera en el ámbito de la justicia federal y los segundos en la justicia local. Algunos estados comenzaron a trabajar de inmediato en esa tarea, mientras que otros, como Tamaulipas, lo hicieron a partir del 2013.
Cada quien a su manera decidió la forma de implementar el sistema acusatorio. Algunos estados lo hicieron de un solo golpe mientras que otros, como el nuestro, optaron por “aterrizarlo” de manera gradual.
Sin embargo, aunque era el principal obligado y el que debió poner el ejemplo para servir de referente nacional, el Gobierno federal minimizó el asunto. Se vino a interesar en él cuando ya los tiempos se le venían encima, y lógicamente nada bueno puede esperarse cuando se hacen las cosas al “ay se va”.
No necesitamos ir tan lejos para ver las consecuencias que ese valemadrismo oficial tendrá en la justicia federal. Resulta que la fecha que se autofijó la Federación para implementar la reforma penal en la justicia federal es éste próximo 14 de junio, cuatro días antes de que venza el plazo Constitucional.
No obstante, a un mes de esa fecha fatal, en el caso de Tamaulipas, el Poder Judicial Federal apenas anda acondicionando las salas de oralidad y la Procuraduría General de la República (PGR) aún no define cuáles y cuántas agencias del Ministerio Público atenderán el sistema acusatorio.
Peor todavía: el Poder Judicial Federal solamente tendrá salas de oralidad en Reynosa y Victoria, lo que es un absurdo en un estado como el nuestro tan disperso poblacionalmente, pero sobre todo con una incidencia delictiva en materia federal que en los dos últimos años se ha duplicado.
Bajo ese panorama, por lo menos en lo que respecta a la justicia federal, el sistema acusatorio parece que nacerá muerto. En vez de solucionar las debilidades de la procuración e impartición de justicia, las complicará.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com
Pero digamos que ese escepticismo de que le hablo es, hasta cierto punto, normal. A menos que haya quien pueda leer o anticipar el futuro, es imposible saber si el sistema procesal de juicios orales logrará los fines para los que fue creado, que son, entre otros: garantizar el respeto a los derechos humanos, transparentar, agilizar y hacer confiable la justicia.
En ese sentido, es obvio que los logros de esos objetivos dependerán en mucho de qué tanto cada entidad del país se haya aplicado en la implementación del sistema acusatorio. Aquellas que se preocuparon por capacitar debidamente a sus operadores jurídicos y que iniciaron a tiempo la construcción de la infraestructura necesaria, seguramente no tendrán tantos problemas como quienes dejaron todo para “el cuarto para las doce”.
Y es precisamente por esto último que le traigo a cuento el tema. Resulta que, mientras la mayoría de las entidades del país le han dedicado esfuerzo y dinero a cumplir, de la mejor manera, con el mandato constitucional de migrar la justicia a un sistema acusatorio, el Gobierno federal ha dejado las cosas para el último minuto en el ámbito de la justicia federal.
Déjeme y le explico: la reforma Constitucional del 18 de junio del 2008, dio un plazo de ocho años (que vence este próximo 18 de junio) para que la federación y los estados implementaran la reforma penal, la primera en el ámbito de la justicia federal y los segundos en la justicia local. Algunos estados comenzaron a trabajar de inmediato en esa tarea, mientras que otros, como Tamaulipas, lo hicieron a partir del 2013.
Cada quien a su manera decidió la forma de implementar el sistema acusatorio. Algunos estados lo hicieron de un solo golpe mientras que otros, como el nuestro, optaron por “aterrizarlo” de manera gradual.
Sin embargo, aunque era el principal obligado y el que debió poner el ejemplo para servir de referente nacional, el Gobierno federal minimizó el asunto. Se vino a interesar en él cuando ya los tiempos se le venían encima, y lógicamente nada bueno puede esperarse cuando se hacen las cosas al “ay se va”.
No necesitamos ir tan lejos para ver las consecuencias que ese valemadrismo oficial tendrá en la justicia federal. Resulta que la fecha que se autofijó la Federación para implementar la reforma penal en la justicia federal es éste próximo 14 de junio, cuatro días antes de que venza el plazo Constitucional.
No obstante, a un mes de esa fecha fatal, en el caso de Tamaulipas, el Poder Judicial Federal apenas anda acondicionando las salas de oralidad y la Procuraduría General de la República (PGR) aún no define cuáles y cuántas agencias del Ministerio Público atenderán el sistema acusatorio.
Peor todavía: el Poder Judicial Federal solamente tendrá salas de oralidad en Reynosa y Victoria, lo que es un absurdo en un estado como el nuestro tan disperso poblacionalmente, pero sobre todo con una incidencia delictiva en materia federal que en los dos últimos años se ha duplicado.
Bajo ese panorama, por lo menos en lo que respecta a la justicia federal, el sistema acusatorio parece que nacerá muerto. En vez de solucionar las debilidades de la procuración e impartición de justicia, las complicará.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com