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Cuando todavía no se cumplen dos meses de la implementación nacional del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, las luces rojas de alarma ya se encendieron.
Entre los operadores jurídicos del nuevo modelo procesal penal, prevalece una gran preocupación por la facilidad con que presuntos delincuentes están recobrando su libertad.
“Apenas los detienen y los Jueces los liberan”, explica un abogado litigante y ex Juez de Primera Instancia Penal.
Es cierto: no tenemos por qué sorprendernos. Es algo que ya sabíamos que ocurriría. De hecho, esa es una de las bondades del sistema acusatorio: que, en atención al principio de presunción de inocencia, la mayor parte de quienes delinquen enfrenten su proceso en libertad.
Ese principio garantiza que nadie podrá ser considerado culpable hasta que no se le someta a un juicio con todas las condiciones establecidas en la ley.
Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla otras figuras, como los acuerdos reparatorios, el procedimiento abreviado o la suspensión condicional del proceso, que son algo así como una especie de negociación de la justicia.
El problema está en que, hay de delincuentes a delincuentes. No es lo mismo dejar en libertad a un ladrón ocasional o a un padre que incumple sus obligaciones alimenticias, que a alguien sorprendido con armas o vendiendo drogas.
Por eso la preocupación.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados en Victoria, Emilio Barrientos Martínez, advierte que el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, llegó en el momento equivocado, en un estadio fuera de contexto, porque es demasiado noble para una realidad que estamos viviendo los mexicanos, sobre todo con el tema de la inseguridad pública.
“Definitivamente ahorita no era el momento para la llegada del nuevo sistema de justicia porque su nobleza está diseñada para una sociedad que no tenga tantos fenómenos, tan fuertes como los que estamos viviendo”, menciona.
Efectivamente, el tema es para inquietarnos, a la sociedad y al Gobierno.
Es preocupante e inquietante porque mientras el Gobierno gasta millones y millones de pesos en intentar sacar de las calles a quienes delinquen, el sistema de justicia les permite literalmente entrar por una puerta y salir por la otra.
El referente más claro se da en la justicia federal. De acuerdo con datos oficiales del Consejo de la Judicatura, el 90 por ciento de las causas penales se están resolviendo a través de procedimientos abreviados.
El procedimiento abreviado es un instrumento procesal que bajo ciertos requisitos, como admitir su culpa, un delincuente puede recuperar su libertad casi de inmediato.
Quienes más hacen uso de esa figura procesal son acusados de delitos como portación de arma de fuego; robo de hidrocarburo; delitos contra la salud, como el narcomenudeo; contrabando, falsificación, alteración y destrucción de moneda; tráfico de personas y delitos financieros.
Bajo ese contexto, hay quienes ven venir, muy pronto, una crisis delincuencial mayor a la que ya padecemos.
Toquemos madera para que no ocurra.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com
Entre los operadores jurídicos del nuevo modelo procesal penal, prevalece una gran preocupación por la facilidad con que presuntos delincuentes están recobrando su libertad.
“Apenas los detienen y los Jueces los liberan”, explica un abogado litigante y ex Juez de Primera Instancia Penal.
Es cierto: no tenemos por qué sorprendernos. Es algo que ya sabíamos que ocurriría. De hecho, esa es una de las bondades del sistema acusatorio: que, en atención al principio de presunción de inocencia, la mayor parte de quienes delinquen enfrenten su proceso en libertad.
Ese principio garantiza que nadie podrá ser considerado culpable hasta que no se le someta a un juicio con todas las condiciones establecidas en la ley.
Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla otras figuras, como los acuerdos reparatorios, el procedimiento abreviado o la suspensión condicional del proceso, que son algo así como una especie de negociación de la justicia.
El problema está en que, hay de delincuentes a delincuentes. No es lo mismo dejar en libertad a un ladrón ocasional o a un padre que incumple sus obligaciones alimenticias, que a alguien sorprendido con armas o vendiendo drogas.
Por eso la preocupación.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados en Victoria, Emilio Barrientos Martínez, advierte que el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, llegó en el momento equivocado, en un estadio fuera de contexto, porque es demasiado noble para una realidad que estamos viviendo los mexicanos, sobre todo con el tema de la inseguridad pública.
“Definitivamente ahorita no era el momento para la llegada del nuevo sistema de justicia porque su nobleza está diseñada para una sociedad que no tenga tantos fenómenos, tan fuertes como los que estamos viviendo”, menciona.
Efectivamente, el tema es para inquietarnos, a la sociedad y al Gobierno.
Es preocupante e inquietante porque mientras el Gobierno gasta millones y millones de pesos en intentar sacar de las calles a quienes delinquen, el sistema de justicia les permite literalmente entrar por una puerta y salir por la otra.
El referente más claro se da en la justicia federal. De acuerdo con datos oficiales del Consejo de la Judicatura, el 90 por ciento de las causas penales se están resolviendo a través de procedimientos abreviados.
El procedimiento abreviado es un instrumento procesal que bajo ciertos requisitos, como admitir su culpa, un delincuente puede recuperar su libertad casi de inmediato.
Quienes más hacen uso de esa figura procesal son acusados de delitos como portación de arma de fuego; robo de hidrocarburo; delitos contra la salud, como el narcomenudeo; contrabando, falsificación, alteración y destrucción de moneda; tráfico de personas y delitos financieros.
Bajo ese contexto, hay quienes ven venir, muy pronto, una crisis delincuencial mayor a la que ya padecemos.
Toquemos madera para que no ocurra.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com