Presos producirán su propia comida
El Gobierno de El Salvador prepara un plan para que los más de 39,000 internos en el Sistema Penitenciario produzcan su propia comida con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), informó este martes el Ejecutivo de Nayib Bukele.
Según el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, el gasto en alimentación ronda los 46 millones de dólares anuales, lo que "representa una carga importante para el Estado".
El titular del MAG, Salvador Anliker, y el director de Centros Penales, Osiris Luna, dieron "los primeros pasos" en una reunión para construir el "plan integral" de prisiones "autosostenibles".
"Ya es tiempo de que los privados de libertad salgan útiles a la sociedad y no graduados en delincuencia", aseguró Anliker en la cita.
La Presidencia detalló que el objetivo es que "cada centro penal produzca la alimentación necesaria para cada interno por medio de granjas agrícolas, avícolas y acuicultura".
Añadió que esta acción permitirá que los fondos utilizados en la alimentación de los presos se utilicen para financiar los planes de seguridad.
El sistema penitenciario salvadoreño se encuentra bajo "emergencia máxima" desde el pasado 29 de junio por orden de Bukele, después de que supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) asesinaran a tiros a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
"Para las maras: si quieren que sus hommies (compañeros) vean un rayito de sol, detengan todos los homicidios inmediatamente. No hay otra negociación", publicó Bukele en sus cuenta de Twitter.
La organización centroamericana de derechos humanos Cristosal señaló el lunes que las medidas de seguridad deben respetar la Constitución y evitar la tortura y "castigos vengativos"
"El encarcelamiento arbitrario, medidas represivas sin fundamento legal, la violación del debido proceso y el confinamiento carcelario sin perspectiva de readaptación son políticas ya vistas desde hace más de cuatro Gobiernos, y de ninguna gestión hay evidencias de resultados a largo plazo", sostuvo la organización.
Diversos sectores han criticado estas medidas de seguridad, dado que no representan un cambio radical respecto a la política contra las pandillas implementada durante el Gobierno anterior.
Al igual que Bukele, el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén (2009-2014) implementó estados de emergencia en las prisiones, mantuvo aislados a los presos y desplegó unidades élite para combatir a las pandillas.