El presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó su plan de austeridad y de combate a la corrupción que será el pilar de su gobierno.
El plan se compone de 50 medidas que necesitan de al menos 12 reformas constitucionales para poder echarse a andar, de ahí que estas modificaciones se conviertan en la prioridad legislativa del nuevo Congreso.
Pero así como el plan de austeridad incluye modificaciones a la Ley Reglamentaria sobre Salarios Mínimos o al artículo 3 constitucional por mencionar algunos ejemplos, también deja otras medidas a libre interpretación; como la número 14 “Se limitarán los viáticos al mínimo” o la número 41 “Se protegerá el patrimonio y bienes de las oficinas públicas”.
Pero más allá que las propuestas de AMLO presenten por igual cambios profundos y simples actos de sentido común, el punto medular de las 50 medidas contra el combate a la corrupción se basan en adelgazar el aparato de gobierno.
“Se reduce toda la estructura de trabajadores de confianza en un 70%” dice su propuesta 21.
“Se bajarán a la mitad los sueldos de los altos funcionarios que ganan más de un millón de pesos anuales” dice su propuesta 22.
Y así por el estilo.
Pero hay que tener cuidado en no confundir el derroche con la corrupción.
Es cierto que ambos males afectan a la administración pública pero no significan lo mismo, si bien tienen elementos en común, a fin de cuentas son de naturalezas diferentes.
Y por lo tanto tanto el derroche como la corrupción tienen necesidades particulares para su erradicación.
Porque hasta ahora pareciera que el objetivo de AMLO es combatir la corrupción adelgazando el gobierno.
Si hay menos gobierno hay menos corrupción, esa es la estrategia que propone.
El asunto es que el gobierno que plantea AMLO para su sexenio no se está adelgazando, se está concentrando.
Así que las medidas que hoy vemos para el combate a la corrupción son apenas soluciones de corto plazo que con el tiempo se vuelven incentivos perversos para una administración que está empeñada en concentrar el poder y la economía.
Otro ejemplo de esta concentración gubernamental es la creación del puesto de Coordinador Estatal del Gobierno Federal recién anunciado por AMLO, que en el papel plantean la reducción de las delegaciones federales, pero que en realidad concentran toda la carga de trabajo en una dependencia, con un titular con un poder político similar al de un gobernador, con la diferencia de que tal coordinador estatal no fue electo democráticamente.
Y así pasamos de lo que se veía en el papel como una medida de austeridad y que en la práctica resulta una maniobra política que merma el federalismo.
O como explica usted que Delfina Gómez, la ex candidata perdedora de Morena por la gubernatura del Estado de México el año pasado, sea designada como la coordinadora estatal del gobierno federal en dicho estado.
Su caso no es único, lo mismo ocurre con Miguel Ángel Navarro en Nayarit, o Joaquín Díaz Mena en Yucatán, con Carlos Lomelí en Jalisco o Amílcar Sandoval en Guerrero.
Y no hay más porque esos fueron los únicos candidatos de Morena que perdieron una gubernatura en el reciente proceso electoral, pero el ‘modus operandi’ se repite en el resto de los estados.
En Tamaulipas, por ejemplo, el coordinador estatal será José Ramón Gómez Leal, candidato de Morena que perdió la alcaldía por Reynosa.
Y esto apenas es el principio.
Ahora se entiende porque Morena está empeñado en ganar la mayoría en los Congresos Estatales. No se trata de obtener la mitad más uno de los Congresos para poder aprobar reformar constitucionales, se trata de concentrar el poder estatal en las manos del presidente y su partido.
Si usted cree en las buenas intenciones de AMLO dirá que toda esta concentración de poder es necesaria para poder llevar acabo los cambios profundos que necesita México y que solo una figura como la del presidente electo puede realizar.
Pero si usted no cree en las buenas intenciones de los políticos, bien podría decir que ahora sí estamos presenciando el nacimiento de un nuevo PRI… pero con distintos colores.
Pues eso.