En los primeros días de su gestión, Carlos García González fue citado a la oficina del gobernador. Ahí, según cuenta, Cabeza de Vaca le dio una instrucción: los “proyectos” le llegarían de su parte y él debía limitarse a actuar “como un área requirente”.
Es decir, podía pedir pero no decidir.
Con esa declaración, el exsecretario de Desarrollo Económico respaldó lo que Gloria Molina dijo el 14 de septiembre sobre la Secretaría de Salud: “Al asumir el cargo, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca estableció con claridad una separación de funciones. Yo me encargaría de los asuntos técnicos y operativos de la secretaría y él se encargaría de controlar toda la proveeduría y los contratos con interés económico o político relevante a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas”.
Son dos exsecretarios de dos dependencias describiendo lo mismo: ellos asumían un rol gerencial mientras Cabeza de Vaca decidía quién se quedaba con los contratos.
Lo relevante no es la excusa. Ambos podían haber negado su responsabilidad y señalar que el proceso de adjudicación era responsabilidad de otra dependencia. Lo relevante es que los dos señalan al exgobernador por encima de los comités, las licitaciones y los procesos de transparencia.
Molina y García González atribuyen las instrucciones directamente al exgobernador. Sus declaraciones obligan a investigar quién decidía las contrataciones y qué responsabilidad tuvo Cabeza de Vaca.
García González también apunta hacia otras dependencias: “Esas etapas correspondían a otras personas de otras secretarías, que seguramente también estaban obedeciendo las instrucciones del ejecutivo estatal”. Por eso pide que la investigación determine quién instruyó, quién decidió, quién autorizó y, sobre todo, quién ejecutó los pagos.
¿En cuántas dependencias más ocurría esto?
El detalle incómodo es quién acusa. No son adversarios. Son panistas. García González fue, además, diputado de Acción Nacional.
Esta no fue la única revelación de la semana. La revista Proceso publicó cinco contratos por 136 millones de pesos con presuntas irregularidades donde es señalado Cabeza de Vaca. En cuatro de ellos aparece ‘Chucho’ Nader, entonces secretario de Administración y presidente del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del estado.
Estas acusaciones llegan una semana después de que Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, dijera en su gira por Tamaulipas que “sería un honor llevar de candidato a Cabeza de Vaca”.
Un honor. Lo dijo de un exgobernador considerado prófugo de la justicia, que vive desde hace cuatro años en Estados Unidos y que no cumple los requisitos para ser candidato.
En esta gira Romero también nombró a Nader como “Coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad” en Tampico, eufemismo para designarlo como candidato a la alcaldía.
¿A qué panistas les creemos? ¿A los exsecretarios que acusan a Cabeza de Vaca? ¿Al dirigente nacional? ¿Qué tiene que decir Nader sobre esos contratos?
Esas preguntas también las harán sus rivales políticos, pero sobre todo, los tamaulipecos que acudan a votar.
Hasta ahora el PAN Tamaulipas ha guardado silencio. También sus precandidatos.
Un silencio que no los protege, al contrario. Los vuelve cómplices.
Si no responden ahora, cargarán con esos señalamientos durante las campañas. Y entonces la losa será más pesada.
Pues eso.