Después de que el gobierno de Tamaulipas evidenciara la mentira de la CFE para justificar el apagón que afectó a más de 10 millones de usuarios en varios estados del país, AMLO apostó doble y salió a defender a Manuel Bartlett de los señalamientos.
Esto obligó a que las autoridades en Tamaulipas presentaran una demanda formal por la falsificación de documentos oficiales y firmas.
López Obrador, fiel a su estilo, volvió al ataque: “Pues que se haga la investigación. Qué bien que presentan una denuncia para que una autoridad independiente decida o resuelva”.
Qué necesidad hay de una investigación cuando la propia Comisión Federal de Electricidad puede decir de dónde sacó el documento.
Por supuesto que no va pasar, AMLO no acepta que en su gobierno se cometen errores, pero sobre todo porque su incondicional, Manuel Bartlett, está metido en medio del asunto.
Este sí es un verdadero cambio con lo que ocurría sexenios anteriores. Porque cuando las cosas no salían de acuerdo a lo esperado, era el secretario al que le tocaba renunciar para proteger la investidura presidencial.
Hoy sucede lo contrario, ahora el manto protector del presidente protege a sus secretarios.
Más allá de las formas, las implicaciones de esto son muy reveladoras.
Y es que si en el primer caso, cuando algún miembro del gabinete renunciaba para limpiar al presidente, se reconocía la falla o el error.
Lo que sucede ahora que es el presidente encubre los errores de sus subordinados, pero no solo errores, también sus delitos. Justificación que sirve de paso para dejar las cosas igual y no aceptar el equívoco.
Lo que nos lleva a un circulo vicioso de la ilegalidad: si el presidente bueno y puro no respeta la ley, ni se siente obligado a cumplirla, por qué el resto del pueblo bueno, los mexicanos de a pie, tendríamos que cumplir la ley.
De ahí la importancia de la denuncia que interpone el gobierno de Tamaulipas.
No solo por la falsificación de documentos oficiales y firmas. Sino porque esa denuncia está diciendo ante la opinión pública que la verdad importa.
Pero sobre todo está diciendo que las leyes importan, que la legalidad importa, y que hay que cumplirla y respetarla, no importa de quién se trate.
Lo peor del asunto es que el problema que nos trajo hasta aquí no ha sido atendido, que es la insuficiencia de la CFE para dotar de energía al país de una forma segura.
En vez de eso AMLO prefiere politizar el tema, hablar de adversarios y conservadores, pero no de la política energética de su gobierno.
Una política basada en mantener los hidrocarburos como centro del sector energético para mantener la base fiscal de su gobierno, con la visión (igual que en los 70’s) de inyectarle más recursos a Pemex y recuperar esos recursos mediante ingresos petroleros.
De ahí la negativa de AMLO a las energías renovables, que no solo son limpias, también son más baratas. Esto por supuesto afecta al medio ambiente y la competitividad de las empresas, pero también afecta al país con apagones masivos como el del 29 de diciembre.
Para entender el contexto le dejo estos números: la energía limpia cayó a precios de 384 pesos por megavatio-hora entregado en la red (615 pesos considerando los Certificados de Energía Limpia), mientras que el costo de generación por combustolio en la CFE supera los 1,900 pesos.
Un costo de más de 200 por ciento, que implican más contaminación y menor competitividad de las empresas mexicanas. Sin olvidar los aranceles por incumplir los compromisos internacionales en la lucha del cambio climático.
Pero en lugar de eso, el presidente prefiere desviar la atención, falsificando oficios y firmas como cortinas de humo para cubrir el desastre que representa su política energética.
Pues eso.