Los poderes del estado de Tamaulipas demostraron esta semana que gozan de cabal salud.
El reconocimiento es fácil hacerlo desde la normalidad, pero para todos es claro que no estamos viviendo la rutina del día a día, sino que estamos en presencia de situaciones extraordinarias.
Por eso vale la pena darle la justa dimensión que merecen las intervenciones del Poder Judicial del Estado, el Congreso Local y el Ejecutivo Estatal de esta semana en defensa de los tamaulipecos.
Empezando con la detención de Susana Prieto, promotora de los paros laborales en la frontera norte del estado, en su mayoría ocurridos en Matamoros.
Las acusaciones no son menores; delitos cometidos contra servidores públicos, amenazas y coacción de particulares.
La captura de la abogada laborista fue promovida por la Junta Especial número 6 de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, y su proceso ha quedado en manos del Poder Judicial.
El tema ha cobrado relevancia internacional por las implicaciones que tiene, y no solo en Estados Unidos, los principales periódicos de España también recogieron la noticia.
Hasta el Presidente López Obrador fue cuestionado en la mañanera sobre el tema, negando la intervención de Estados Unidos en el proceso.
La postura del Gobierno del Estado es clara, se tienen que proteger las fuentes de empleo de los tamaulipecos, especialmente en momentos de crisis como el que vivimos.
¿Y cómo se hace eso? Haciendo cumplir las leyes.
AMLO es precisamente el mejor ejemplo de lo que no se debe de hacer: cambiar las reglas a mitad del juego.
Eso hizo con la construcción del aeropuerto de Texcoco. Eso hizo con la planta cervecera Constellation Brands en Baja California. Eso hizo con las inversiones en plantas de energía renovables y los gasoductos, pero hay un largo etcétera.
Los resultados están a la visita de todos: fuga de capitales, balance negativo en inversión extranjera, reducción de calificación crediticia, mayor endeudamiento, desplome de salarios y mayor desempleo en el país.
Eso es precisamente lo que quiere evitar el Gobierno de Tamaulipas, y para eso necesitar dar certeza jurídica a cualquier persona que quiera instalar una empresa o negocio en el estado, sobre todo en tiempos de crisis.
De ahí que el Poder Judicial de Tamaulipas tenga, como pocas veces, puestos los reflectores nacionales e internacionales en el proceso que recién empieza.
Proceso que por cierto servirá de ejemplo para otros estados que sufren del mismo problema.
En el caso del Congreso del Estado, los diputados locales mostraron que se pueden poner de acuerdo, abandonando los sesgos partidistas por la búsqueda del bien común.
Primero fue la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Publica, integrada por cinco diputadas y diputados panistas, además de dos diputadas morenistas, quienes exigieron a la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Dominguez, que transparente en tiempo y forma al Cabildo de dicho municipio los informes municipales del gasto.
Esto al atender una iniciativa de los propios regidores de Reynosa, denunciando el incumplimiento del Ayuntamiento de informar el uso de los recursos públicos de las diferentes dependencias que lo integran.
Un día después, esta vez en el pleno del Congreso local, fueron los diputados de Morena que promovieron un punto de acuerdo para exhortar al alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, a que cumpla con el suministro de agua en la capital del estado.
La aprobación del exhorto contó con la aprobación de todos los partidos que integran la legislatura: PAN, PRI, MC y MORENA.
Vale recordar que este exhortó no es el primero que recibe el alcalde victorense.
Previamente la Comisión Permanente del Congreso había hecho lo propio, donde urge a Xico a resolver la crisis de desabasto de agua en Victoria.
Y por si fuera poco, a los llamados del Congreso local hay que sumarles el que previamente se hizo desde el Congreso de la Unión, exhortando al alcalde para que cumpla con su responsabilidad de dotar de agua potable a sus representados.
No se trata de grilla ni pleitos partidistas. Cuando 4 partidos políticos se ponen de acuerdo sobre un mismo tema nos habla de la magnitud del desastre y de la incapacidad del propio alcalde para cumplir con sus responsabilidades.
Finalmente el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca declaró este domingo, en la conferencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, que el Ejecutivo Estatal envió una iniciativa al Congreso del Estado para fijar un impuesto a las empresas que contaminen por el uso de combustóleo para la generación de energías.
Esto es importante porque la dedicatoria es para la Comisión Federal de Electricidad, pues al utilizar energías fósiles contamina y genera problemas de salud pública que el estado tienen que atender.
Además, la medida es una clara represalia para el Gobierno Federal por impedir que la industria de generación de energías limpias se desarrolle en nuestro estado, donde Tamaulipas es líder a nivel nacional, lo que le permite, o le permitía, la captación de miles de millones de dólares en inversión extranjera.
Y que entre otra cosa se convierten en impuestos que Tamaulipas entrega a la federación y de los que nuestro estado recibe muy poca participación.
Como ve, semana de mucha actividad para los poderes del estado. Así lo demandan las actuales condiciones políticas, económicas y sociales por las que atraviesa el país.
Por eso es una buena noticia ver como se ejerce la defensa legal de Tamaulipas utilizando todos los recursos disponibles, haciéndolos valer desde el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la entidad, ante la miopía y el centralismo de las políticas impuestas desde Palacio Nacional por la llamada Cuarta Transformación.
Esto es madurez y cordura política, que en tiempos de crisis adquieren un mayor valor al ser un recurso escaso.
Pues eso.