Traidor a la patria
"Es un déspota todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser un traidor a la patria". Juan Bautista Alberdi
El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en varias ocasiones no realizar una cacería de funcionarios de Gobiernos anteriores.
En su discurso inaugural ante el Congreso el 1 de diciembre de 2018 declaró: "Al contrario de lo que podría suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación... En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo; en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad".
La promesa no se ha cumplido. Esto lo demuestra el caso de Rosario Robles, la ex presidenta del PRD y ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que tuvo en su momento diferencias con López Obrador y posteriormente fue Secretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto.
Robles se encuentra en la cárcel enfrentando un proceso por "ejercicio indebido del servicio público" ya que, presuntamente, no informó a su superior, el Presidente de la República, sobre unos desvíos de recursos.
Como he señalado en este espacio, hay razones para procesarla, pero la omisión no amerita prisión preventiva, especialmente cuando consideramos que ella vino del extranjero para presentarse ante el juez. No hay riesgo de fuga; debería enfrentar su proceso en libertad, como dice la ley.
Las dudas generadas por este caso se ratifican por las acusaciones que la Fiscalía General de la República ha presentado contra Luis Videgaray.
Las declaraciones de Emilio Lozoya obligan, por supuesto, a citar a declarar al ex Secretario de Hacienda y ex Canciller, pero por sí solas no son suficientes para iniciar un proceso, especialmente porque sabemos que Lozoya es un "testigo colaborador", al cual se le dan beneficios a cambio de "delatar" a altos funcionarios de Gobiernos anteriores.
El ánimo de venganza, más que de justicia, se manifiesta en el hecho de que la FGR esté presentando acusaciones no sólo por financiamiento ilegal de campañas y cohecho, sino, increíblemente, por traición a la patria.
La petición de la Fiscalía ha sido rechazada en dos ocasiones por un juez federal, pero al parecer la Coordinación General de Investigación está preparando un nuevo expediente para pedir, por tercera vez, la aprehensión.
A los casos anteriores podemos agregar la insistencia del Presidente López Obrador de realizar una consulta popular para enjuiciar a sus predecesores. La pregunta tendenciosa que él redactó fue rechazada por la Suprema Corte, pero esta aportó una nueva pregunta, vaga y sin personalizar, al mismo tiempo que determinó que el resultado de la consulta no sería vinculatorio. Este fallo a la medida ha sido cuestionado por muchos juristas.
Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en perdonar a nadie por delitos cometidos, y menos a ex funcionarios. El borrón y cuenta nueva de López Obrador no es ni ética ni legalmente aceptable. Las leyes están hechas para acatarse, y con más razón por quienes han jurado cumplirlas y hacerlas cumplir.
Pero si va a haber acusaciones, que sean justas. Aunque hay razones para procesar a Robles, no las hay para mantenerla encarcelada sin que se le haya declarado culpable. También hay elementos para que declare Videgaray por presuntos delitos electorales y quizá cohecho, pero no para acusarlo de traición a la patria. Estamos viendo esa cacería de brujas que López Obrador prometió no realizar.