Su atención, por favor

Tengo la impresión de que ya nada escandaliza de lo que sucede en el Congreso local.

Es más, creo incluso que preferimos voltear hacia otro lado para evitarnos mayores frustraciones. Lo entiendo porque, muchas veces, he caído en el mismo desahucio político.

Sin embargo, hoy es uno de esos días en los que tenemos que respirar profundo y poner atención. Déjeme contarle.

En el año 2015 se creó por decreto presidencial el Sistema Nacional Anticorrupción. Cada Estado tuvo por obligación armar una estructura consistente en un Comité Seleccionador que eligiera a las personas que integrarían el Comité de Participación Ciudadana (CPC), quienes, por ley, tienen las facultades de investigar, evaluar y prevenir actos de corrupción.

A su vez, el presidente del CPC presidiría el Comité Coordinador Anticorrupción... ¿me sigue?

Todos los Estados emprendieron el mismo reto. En pocos años, algunos, como Jalisco, han logrado consolidar la estructura y poco a poco la sociedad reconoce su utilidad, con comités integrados por personas idóneas.

Aquí en Nuevo León, en cambio, el CPC y, en general, toda la nueva estructura anticorrupción, nacieron del lodo y jamás se han podido distinguir de éste, por decirlo de forma elegante.

¿Qué pasó? Nuevo León es el único Estado que decidió que no dejarían al Congreso la potestad de elegir al Comité Seleccionador, sino que creó una figura que se llama Grupo de Acompañamiento para crear dicho Comité que, a su vez, elegiría al CPC.

Lo paradójico fue que el mismo Congreso desoyó al Grupo de Acompañamiento, eligiendo a personas que no cumplían los requisitos estipulados en la ley.

De hecho, algunos candidatos descartados se ampararon contra el proceso y consiguieron que el proceso no sólo se anulara por un Tribunal Colegiado, sino que se obligara al Comité Seleccionador a reponer el proceso de selección del CPC llevado a cabo en el 2018. Así de sucio.

Mientras tanto, tres integrantes renunciaron al CPC. El resto, sin embargo, continuó operando sin convocar ni transparentar sus sesiones, ni desglosar sus gastos, por no mencionar sus inacciones frente a la corrupción, ya no digamos escondida, sino la más escandalosa, como la orden de compra del "broncodron" en 57 millones de pesos, o los camiones de Ecovía quemados en terrenos de Noé Chávez, titular del Instituto de Movilidad.

El Congreso no tuvo prisa en atender este caos, y los integrantes del CPC mucho menos, pues siguieron cobrando su cheque mensual de 116 mil pesos.

Finalmente, esta semana el Congreso consiguió añadir cuatro integrantes que faltaban al Comité Seleccionador para que repongan la selección amañada del CPC del 2018. En esta ocasión hubo una mejora sustancial al proceso anterior y es que las evaluaciones fueron públicas, de manera que sabemos qué tan idóneas fueron las personas seleccionadas. Y, aunque eso está muy bien, sólo sirvió para indignarnos porque el Congreso, de cuatro, volvió a elegir a dos personas reprobadas.

De hecho, no sabemos su calificación porque, muy sensibles los Diputados, ocultaron la calificación de quienes alcanzaron menos de 60 puntos: es el caso de Joel Alberto Garza Garza y de Brenda González Lara. En contraparte, los otros dos fueron calificados como muy idóneos para la función que desempeñarán: Cintia Smith y Marcelo González Jiménez.

Tengo que decir, además, que su función la desempeñarán en sólo 19 días dado que, por ley, debe convocarse a una nueva integración del Comité Seleccionador... o sea, podríamos cantar aquella de "¿y tooodo para qué?".

Sí, dan ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Ayer escuché diferentes opiniones sobre este escenario, unos muy racionales y catastróficos, otros más en sintonía con el optimismo de la voluntad.

Todo esto lo escribí para decirle a usted, que llegó hasta esta línea, que nuestros ojos puestos ahí adentro importan y hacen la diferencia. Además, sólo poniendo atención reconocemos las excepciones y las minorías que inyectan esperanza.

La corrupción se puede combatir, pero tenemos que poner atención.