Primero, no estorbar
"Si va a haber una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad".
Andrés Manuel López Obrador
Comparto el rechazo del Presidente a rescatar a las empresas. Entiendo la gravedad del desplome que enfrenta nuestro País y sé que miles de empresas quebrarán en los próximos meses, pero subsidiarlas no es la solución. Esta práctica no sólo genera corrupción, sino que produce distorsiones importantes en el mercado.
No creo que el dinero de los contribuyentes deba emplearse para entregar dádivas a los pobres. Lejos de disminuir la pobreza, el asistencialismo se traduce en dependencia y compra de votos. Es todavía menos justificado, sin embargo, subsidiar a las empresas.
Entiendo las posiciones de los economistas y los políticos "progresistas". Desde los tiempos de Franklin D. Roosevelt -a quien el Presidente López Obrador dice admirar, aunque no crea en sus políticas- se ha hecho común el uso de recursos públicos para promover un crecimiento artificial en tiempos de recesión. A esto se le llama aplicar políticas "contracíclicas".
La estrategia no es liberal (ni neoliberal). La defendió el economista británico John Maynard Keynes en su clásico libro de 1936 "Teoría general del empleo, el interés y el dinero" y ha sido la propuesta preferida de los políticos y economistas que se consideran progresistas. En el actual desplome económico, la están aplicando la mayoría de los gobiernos del mundo.
Sin embargo, una cosa es no usar el dinero público para rescatar empresas y otra muy distinta imponerles cargas burocráticas excesivas o cambiarles las reglas del juego. La simple aplicación de normas claras, sin modificaciones retroactivas, tendría consecuencias muy positivas para las empresas de nuestro País. No hay que recurrir a costosos e injustos rescates.
El Gobierno federal ha venido tomando medidas que directamente afectan la certeza jurídica de las empresas. La primera, antes incluso de tomar el poder, fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Las empresas constructoras fueron indemnizadas, por lo que no hubo demandas contra el Gobierno, pero el erario tendrá que pagar un elevado costo durante muchos años.
Posteriormente el régimen se negó a conectar ductos de gas que estaban ya terminados; esa vez sí se renegociaron los contratos, pero terminaron siendo más beneficiosos para las concesionarias a valor presente, por lo que las empresas simplemente festejaron.
Otra decisión que cambió de manera retroactiva las reglas del juego fue la cancelación de la cervecera de Constellation Brands en Mexicali. La empresa todavía no ha demandado al Gobierno, en parte porque tiene otras plantas en México que debe proteger, pero el Gobierno recalcó la facilidad con la que puede modificar las normas después de que se realiza una inversión enorme.
En las últimas semanas el Gobierno ha emitido dos "acuerdos" para impedir la conexión a la red eléctrica de decenas de nuevas generadoras de energía limpia.
Las firmas afectadas ya han promovido amparos, puesto que las disposiciones violan una amplia serie de leyes y, sobre todo, porque constituyen un inconstitucional cambio retroactivo a las reglas después de hacer las inversiones.
México se enfrenta hoy a una crisis económica que puede ser la peor desde la Gran Depresión. La solución, coincido con el Presidente, no es subsidiar a las empresas. Pero el Gobierno debe dejar de poner obstáculos a la inversión y de cambiar las reglas de manera retroactiva. Mucho ayuda el que no estorba.