INE
La reducción presupuestal propinada al Instituto Nacional Electoral (INE) ha generado reacciones negativas contra la Cámara de Diputados, el gobierno federal y el partido en el poder, Morena. Para el órgano electoral, en términos de opinión pública, está siendo redituable el discurso del victimismo y de defensa de la autonomía frente a los ataques -supuestos o reales- de la Cuarta Transformación (4T).
Un análisis sin victimismo muestra un panorama diferente. Lorenzo Córdova ha sostenido que el recorte pone en peligro el proceso sobre la revocación del mandato del presidente de la República y quizá el consejero presidente no reflexionó con suficiencia su declaración. La organización de tal proceso es un deber constitucional del INE y resulta un despropósito argumentar que está en riesgo a causa de un recorte presupuestal, cuando el Instituto dispondrá de casi 14 mil millones de pesos en 2022, sin incluir el financiamiento público de los partidos (5,821 millones).
Conviene poner en perspectiva esa cifra, que implica recursos por más de 1,100 millones de pesos al mes, 38 millones de pesos al día. Disponer de casi 14 mil millones y no organizar un proceso que cuesta 3,830 millones según las cifras del INE (que podrían reducirse) no suena justificable.
Naturalmente, el presupuesto aprobado tiene destinos predeterminados, pero parecería obvio que, si escasean los recursos, no debería pensarse en afectar un proceso histórico que la oposición juzga innecesario, pero que representa abrir una vía para castigar un mal desempeño del Ejecutivo federal y expulsarlo del poder si la mayoría calificada del electorado así lo decide. Poner ese instrumento en manos de la sociedad será sin duda un incentivo para que los presidentes extremen su empeño en un correcto ejercicio del poder público.
Entonces, antes que afectar el ejercicio revocatorio (que tiene una inevitable vertiente de ratificación), se precisan readecuaciones del presupuesto aprobado. Eso es lo que harían quienes tengan un genuino compromiso democrático, aunque es difícil esperarlo de burócratas cuyo máximo interés es amasar riquezas y su creatividad apenas alcanza para el berrinche y la victimización. En el INE no faltan de los primeros, pero en la toma de decisiones frecuentemente prevalecen los segundos.
Hay un antecedente de menor envergadura que también tuvo como protagonista a Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero es útil para el análisis de la actual coyuntura. En 2002 AMLO convocó a un plebiscito sobre la construcción de los segundos pisos del Periférico y el Viaducto, pero negó la ampliación de presupuesto que el Instituto Electoral del DF solicitó. No obstante, el IEDF emprendió la organización del plebiscito, efectuó los ajustes necesarios y el ejercicio plebiscitario se realizó con éxito y dio luz verde a la construcción de un segundo piso que descongestionó el Anillo Periférico de la Ciudad de México. Los consejeros del IEDF no dejaron de reprochar la conducta del entonces jefe de Gobierno, pero siempre tuvieron claro que no podían dejar de cumplir con sus tareas fundamentales: realizar elecciones y consultas ciudadanas.
El presidente del INE ha anunciado que emprenderá acciones jurídicas para revertir el recorte presupuestal, lo cual es correcto, si el Instituto halla argumentos sólidos para transitar ese camino que, obviamente, implicaría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la controversia constitucional.