El escabroso 'affaire' Gutiérrez

Afines de marzo de 2014 recibí una singular llamada de Carmen Aristegui: me invitaba a participar en su noticiario matutino de MVS Radio, en una próxima emisión, pero me dijo que no podía adelantarme el tema. Acepté.

Cuando la mañana del 2 de abril siguiente llegué al edificio de MVS, me recibió Olga Carranco (coordinadora de invitados) y me condujo a una pequeña cabina, para adelantarnos -a mí y a un abogado también invitado- el audio de lo que sería el centro de un reportaje que estaba a punto de salir al aire: en el edificio del PRI capitalino (Puente de Alvarado 53) se contrataba a edecanes para dar servicios sexuales al líder de ese partido en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Una reportera cuya identidad se ha mantenido en el anonimato se introdujo en la cueva del lobo, fingiendo ser una chica que quería el trabajo de edecán y acudía después de ver el anuncio en un periódico, en el cual se ofrecía un salario de entre 8,000 y 14,000 pesos mensuales. La reportera grabó la conversación que tuvo con su entrevistadora, Claudia Priscila González Martínez, en la sede priista. En la grabación se le dice explícitamente cuáles serían sus tareas, los servicios sexuales que debería dar y el salario que devengaría.

Las redes de poder del entonces dirigente capitalino del PRI, señalado por sus métodos violentos, comenzaron a manifestarse desde antes de que el reportaje saliera al aire. Cuando el otro invitado al programa, el abogado, se enteró del tema (al oír en la pequeña cabina una parte del audio), declinó cortésmente escuchar toda la grabación y participar en el programa porque tenía proyectos apoyados por el líder priista.

El reportaje había sido producto del trabajo de los periodistas Juan Omar Fierro, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y la reportera anónima, de la Unidad de Investigaciones de Aristegui.

Tras la difusión del reportaje, se presentaron denuncias electorales y penales, pero no prosperaron, a pesar de que Gutiérrez de la Torre fue repudiado públicamente por personajes y núcleos importantes del priismo, que lograron separarlo del cargo partidario, si bien su influencia en el PRI capitalino siguió y sigue vigente.

Con las denuncias, comenzó la simulación. Miguel Ángel Mancera, Rodolfo Ríos, Edmundo Garrido, los entonces consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (con excepción de su presidenta, Diana Talavera) fingieron que investigaban, llenaron cientos de hojas... Y lo único que probaron, sobre todo el entonces jefe de Gobierno y los procuradores, fue su cobardía. ¿Cómo desafiar al partido de un presidente (Peña Nieto) que parecía un popular rockstar en ese momento? ¿Cómo desafiar al poder del "príncipe de la basura" que podía generar graves conflictos en la ciudad? ¿Cómo desafiar a un líder acostumbrado a imponerse por la violencia?

Tres de las víctimas presentaron denuncias y han sido defendidas por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), cuya directora regional, Teresa Ulloa, ha denunciado que funcionarios de la entonces Procuraduría capitalina notificaron o intentaron notificar a las chicas denunciantes en sus domicilios particulares (a pesar de que la dirección para notificaciones era la de las oficinas de esa organización), con lo cual pusieron en riesgo la seguridad e integridad de las denunciantes.

Además, los hoy ex-procuradores Ríos y Garrido otorgaron a la defensa de Gutiérrez la calidad de "coadyuvante" o auxiliar del Ministerio Público en las denuncias presentadas en su contra, lo cual le permitió tener acceso al expediente y representó una violación a los derechos de las denunciantes.

Después de años de impunidad, pareciera que, de la mano de la jefa de Gobierno y de la fiscal general de la Ciudad de México, el caso ha sido reencauzado en los carriles de la justicia. En efecto, con el apoyo de Claudia Sheinbaum -hoy amenazada-, la fiscal Ernestina Godoy anunció el pasado 11 de septiembre la reanudación de la indagatoria, después de que quedó en evidencia "una investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia" por parte de la PGJDF.

¿Estamos en la antesala del fin de la impunidad de un poderoso político y su equipo? Ya se verá, pero por lo pronto hay que saludar con esperanza las decisiones de Sheinbaum y Godoy.