Control y regresión
La agenda de la 4T exhibió con mucha claridad en la semana que concluye su pretensión de control autoritario, de regresión a las prácticas más añejas del viejo sistema político mexicano (hoy vigente y al frente del Gobierno federal) y el posible respaldo a negocios millonarios para personajes encumbrados en la nueva hegemonía política.
Fue escandalosa la propuesta que lanzó Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, respecto a que el Inegi debería medir la concentración de riqueza en México mediante la revisión del patrimonio inmobiliario y fiscal de las personas.
Diversos dirigentes de organismos empresariales cuestionaron de inmediato esta propuesta, a la que calificaron como un intento de fiscalización de la riqueza.
El Presidente López Obrador rechazó tal iniciativa, al menos en su discurso, pero lo cierto es que el "lobo con piel de oveja" muestra cada vez con más descaro su verdadero rostro.
Estamos frente a una clase política que busca exacerbar el encono social y fiscalizar para usar la información como garrote político, a efecto de acallar voces disidentes y críticas.
Otro anuncio sumamente preocupante fue el de bloquear proyectos de la iniciativa privada en energías renovables, con el discurso presidencial recurrente y vacío de contenido de erradicar la corrupción.
Según el Presidente, las empresas vinculadas al sector energético operaban de forma corrupta, por lo que dijo que en lugar de promover demandas y amparos deberían pedir disculpas.
La historia se repite, como en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en donde López Obrador, con la perorata de erradicar la corrupción, echó abajo una obra de infraestructura muy relevante para el País.
Cerrar la puerta a la participación privada en las energías limpias cancela toda certeza para la inversión, nos hace retroceder en el tiempo, pues cuando la tendencia global es la participación de particulares en esta industria, generando competitividad, calidad, mejor atención y mejores tarifas para los usuarios, en México regresamos a la lógica monopólica de empresas del Gobierno, que en la mayoría de los casos han demostrado ser ineficientes y en las que la corrupción ha sido escandalosa.
La CFE, que pretende monopolizar la generación de electricidad privilegiando las centrales de combustibles fósiles, es una empresa profundamente ineficiente y no parece ser un modelo de honestidad y transparencia.
Su director, Manuel Bartlett Díaz, un notable exponente de lo más rancio del PRI, envuelto en graves escándalos de corrupción y tráfico de influencias, lo mismo que su hijo, Manuel Bartlett Álvarez, podría ser uno de los grandes beneficiarios del portazo a la IP para la generación de energía eléctrica, al tener campo abierto para fraguar negocios millonarios sin competencia alguna.
Y un tercer aspecto digno de considerarse en el análisis político de esta semana es el anuncio que hizo ayer el Presidente respecto a generar un indicador de bienestar alternativo al PIB.
Para tal propósito, López Obrador dijo que convocaría a antropólogos, psicólogos, sociólogos, matemáticos y un amplio abanico de especialistas, para construir un indicador, dijo, que será una aportación para el mundo.
El mencionado indicador, supuestamente medirá no sólo el crecimiento, sino el bienestar, la desigualdad y la felicidad, en lo que el jefe del Ejecutivo federal ha denominado "la nueva normalidad".
Es cierto que en un país se pueden medir más cosas que el crecimiento económico, y que éste por sí mismo no disminuye la desigualdad y la pobreza, pero esta propuesta presidencial no pretende una medición integral de lo que pasa en México, sino desarrollar una herramienta que justifique el fracaso económico del Gobierno federal, desestimando indicadores objetivos, y de la mano de lo anterior promover la lucha de clases.
Eso sí, presumiendo una extendida felicidad, que básicamente emana de la palabra del Presidente.