Atentado y mezquindad
En un marco de división polarizada y de ceguera sociopolítica selectiva, apenas extraña que, tras el impresionante atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, una fuerte reacción en Twitter (no todos eran bots) haya sido la crítica al jefe policial, al Gobierno y a la 4T porque Omar García Harfuch estaba siendo atendido de sus heridas en un hospital privado y no en la Cruz Roja o el ISSSTE.
No importaba que en el atentado había estado a punto de perder la vida el jefe policial, ni que tuviera tres balazos en el cuerpo, ni que en su contra se hubieran disparado no menos de 300 balas.
Tampoco importaban los servicios que García Harfuch ha prestado a la sociedad capitalina (Salvador Olimpo Nava Gomar, ex magistrado del TEPJF, escribió en Twitter: "A él y a su Equipazo debo la negociación exitosa de mi secuestro y la vida"). Tampoco importaba que en el atentado hubieran muerto dos escoltas y una joven mujer. No, todo ello importaba poco, había que dar vuelo a la mezquindad.
García Harfuch atribuyó el ataque a un Cártel y ello dio lugar a la ironía vertida en algunos medios y redes sociales, recordando la frase presidencial de "abrazos, no balazos".
Es decir, se ironiza cuando este Gobierno ha comenzado a hacer justo lo más inteligente en el combate a la delincuencia organizada, que no es la lucha a sangre y fuego como la que en mala hora inició el Presidente Felipe Calderón.
Como algunos hemos venido planteando durante años, el camino para el éxito contra el crimen organizado está en atacarlo ahí donde está su fuerza principal, que no reside en su armamento ni en sus sicarios, sino en el dinero que compra las armas y paga a los sicarios.
Y justo eso es lo que está haciendo el actual Gobierno: golpear la riqueza de los cárteles, mediante el congelamiento masivo de sus cuentas.
Habrá que seguir con la detección y confiscación de los bienes patrimoniales de ese y otros cárteles y la desarticulación de sus redes de lavado de dinero, pero lo relevante es que se ha optado por la vía donde existen más posibilidades de éxito.
Es cierto que falta mucho por hacer. Falta, por ejemplo, una mejor coordinación entre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, y la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, que acaba de anotarse un importante éxito con la detención de "El Mochomo", clave en el caso Ayotzinapa.
Apenas se empieza, pero al fin se está tomando el camino correcto.
Sin embargo, la mezquindad galopante no lo quiere ver y se empeña en refocilarse en el denuesto y la caricaturización hiriente de la figura del Presidente, cuyos errores se magnifican y cuyos aciertos se niegan.
En ese mismo tenor, ha habido escaso reconocimiento a la rapidez y eficacia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Policía capitalina, porque antes de que concluyera el día del atentado, ya habían capturado, con apoyo de fuerzas federales, a la mitad de los presuntos atacantes, incluso al probable autor intelectual.
Eso sí, las autoridades tendrán que esmerarse en integrar la indagación y reunir las pruebas para que los casos no se caigan a la hora de los juicios.
Ahora bien, el atentado contra García Harfuch -visto por algunos como una falla en el entorno del Secretario- es un probable indicio del incipiente éxito en el combate al crimen organizado.
¿Por qué habría de lanzarse un ataque de tales dimensiones si el funcionario y su acción policial fuesen inocuos? Alfonso Durazo (SSP federal) ha hablado de amenazas a funcionarios de la 4T, y Edgardo Buscaglia, en entrevista con Carmen Aristegui, les puso nombres a los amenazados, tres principales: López Obrador, Santiago Nieto y Marcelo Ebrard.
Si fuera posible deponer la mezquindad y el encono, la clase política y la sociedad deberían lanzar una seria y sensata exigencia al Gobierno federal: robustecer las medidas y el personal de seguridad de los funcionarios amenazados, en particular AMLO, quien debiera deponer su reticencia a tales prevenciones.
El pueblo no lo va a proteger porque, aun queriendo, no podría hacerlo. Son él y su Gobierno los obligados a la protección propia y ajena.