La ley es la ley
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“Si aplico la ley al pie de la letra tendría que dejar a la gente caminando” , les dijo el pasado viernes, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, (SEDUMA), Humberto René Salinas Treviño, a un grupo de reporteros.
Esa fue la respuesta literal que el funcionario estatal le dio a la pregunta del por qué no han sido retirados de circulación todos aquellos microbuses “chatarra”, que no reúnen las condiciones establecidas en la ley para poder seguir en servicio.
La justificación de Salinas Treviño exhibe a la perfección la razón del porque han fracasado todos los esfuerzos hechos, durante al menos los últimos diez años, para acabar con el desorden y la anarquía en el servicio del transporte público.
Ahí está también la explicación del por qué el transporte público de Tamaulipas es de los peores del país, con unidades que casi se despedazan en plena circulación con el consecuente riesgo para los usuarios.
Es esa impunidad que la autoridad les ha otorgado a los concesionarios lo que mantiene al transporte público sumido en la anarquía, porque los prestatarios del servicio hacen lo que quieren sabedores de que nadie les hará ni les dirá nada.
La mejor referencia de ello es la declaración de Treviño cuando dice que “si aplico la ley al pie de la letra tendría que dejar a la gente caminando”.
Lo que el funcionario quiso decir es que la autoridad está atada de manos para aplicar la ley porque si lo hace no habrá transporte público. En consecuencia, según su idea, el Estado tiene que hacer como que no ve y no oye los abusos y excesos de los concesionarios.
Pero habría entonces que preguntarle al Secretario: ¿Y los usuarios? ¿Qué sucede con el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio si no de primera por lo menos decente?
Ese es el tema, que estiran demasiado la cobija para proteger a los prestatarios pero no se dan cuenta de que con ello dejan descobijado al más afectado: el ciudadano que a diario tiene que utilizar unidades desvencijadas, manejadas por individuos que circulan a exceso de velocidad, no respetan semáforos y se detienen a levantar pasaje en cualquier lugar sin importarle el riesgo en que ponen a los pasajeros.
No señor Secretario. Su obligación está para con la ciudadanía y no con un grupito de personas que cuando prestan el servicio del transporte lo hacen por negocio y no porque nos estén haciendo un favor.
La salida es fácil: si un concesionario no tiene el recurso para comprar un microbús nuevo o seminuevo de los que exige la ley, pues que le deje el lugar a otro que si tenga los medios económicos para cumplir con esa exigencia.
Además, el aplicar o no aplicar la ley no es una facultad discrecional de ningún servidor público. Es simple y sencillamente una obligación.
Las leyes se hacen precisamente para resolver problemáticas sociales como la que enfrenta el transporte público. Si no fuera así entonces qué razón tendría emitir nuevos ordenamientos o perfeccionar los que ya están.
Porque debemos recordar que apenas en mayo pasado fue reformada la Ley del Transporte Público del estado, precisamente con la idea de , ahora sí, meter al orden a los transportistas.
Algo que, con la declaración del titular de la Seduma, parece estar muy lejos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com
Esa fue la respuesta literal que el funcionario estatal le dio a la pregunta del por qué no han sido retirados de circulación todos aquellos microbuses “chatarra”, que no reúnen las condiciones establecidas en la ley para poder seguir en servicio.
La justificación de Salinas Treviño exhibe a la perfección la razón del porque han fracasado todos los esfuerzos hechos, durante al menos los últimos diez años, para acabar con el desorden y la anarquía en el servicio del transporte público.
Ahí está también la explicación del por qué el transporte público de Tamaulipas es de los peores del país, con unidades que casi se despedazan en plena circulación con el consecuente riesgo para los usuarios.
Es esa impunidad que la autoridad les ha otorgado a los concesionarios lo que mantiene al transporte público sumido en la anarquía, porque los prestatarios del servicio hacen lo que quieren sabedores de que nadie les hará ni les dirá nada.
La mejor referencia de ello es la declaración de Treviño cuando dice que “si aplico la ley al pie de la letra tendría que dejar a la gente caminando”.
Lo que el funcionario quiso decir es que la autoridad está atada de manos para aplicar la ley porque si lo hace no habrá transporte público. En consecuencia, según su idea, el Estado tiene que hacer como que no ve y no oye los abusos y excesos de los concesionarios.
Pero habría entonces que preguntarle al Secretario: ¿Y los usuarios? ¿Qué sucede con el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio si no de primera por lo menos decente?
Ese es el tema, que estiran demasiado la cobija para proteger a los prestatarios pero no se dan cuenta de que con ello dejan descobijado al más afectado: el ciudadano que a diario tiene que utilizar unidades desvencijadas, manejadas por individuos que circulan a exceso de velocidad, no respetan semáforos y se detienen a levantar pasaje en cualquier lugar sin importarle el riesgo en que ponen a los pasajeros.
No señor Secretario. Su obligación está para con la ciudadanía y no con un grupito de personas que cuando prestan el servicio del transporte lo hacen por negocio y no porque nos estén haciendo un favor.
La salida es fácil: si un concesionario no tiene el recurso para comprar un microbús nuevo o seminuevo de los que exige la ley, pues que le deje el lugar a otro que si tenga los medios económicos para cumplir con esa exigencia.
Además, el aplicar o no aplicar la ley no es una facultad discrecional de ningún servidor público. Es simple y sencillamente una obligación.
Las leyes se hacen precisamente para resolver problemáticas sociales como la que enfrenta el transporte público. Si no fuera así entonces qué razón tendría emitir nuevos ordenamientos o perfeccionar los que ya están.
Porque debemos recordar que apenas en mayo pasado fue reformada la Ley del Transporte Público del estado, precisamente con la idea de , ahora sí, meter al orden a los transportistas.
Algo que, con la declaración del titular de la Seduma, parece estar muy lejos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com