El periodismo, bajo riesgo mortal
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El periodismo está convertido en una de las profesiones más peligrosas en el país.
Las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo dicen con contundencia: 109 comunicadores han sido asesinados desde el 2000 al 2016 y otros 20 están desaparecidos desde el 2005 a la fecha.
Peor aún: Tamaulipas figura como la segunda entidad en incidencia de homicidios de periodistas con un 11. 9 por ciento, apenas por debajo de Veracruz que encabeza las estadísticas con un 14.6 por ciento.
La investigación del organismo defensor de la dignidad de los tamaulipecos es reveladora, preocupante.
Pero olvida dos datos o al menos no los menciona: uno, que atrás de la mayoría de los asesinatos o desapariciones de periodistas está la mano del narcotráfico, y dos, que un alto porcentaje de las víctimas eran reporteros de la llamada “nota roja”.
En lo personal, tengo claro el momento en que ser periodista se tornó peligroso: fue a partir del 2009 cuando las presiones, de vida y muerte, sobre los comunicadores comenzaron a ser una constante.
Los 15 años anteriores al 2010 yo había sido el editor de la sección de seguridad pública de uno de los principales diarios victorenses. Eran años en que no había limitaciones para difundir cualquier asunto noticioso.
Sin embargo, a partir del 2009 las cosas comenzaron a cambiar: ser periodista se tornó una profesión donde una crítica o una nota informativa incómoda se podía castigar con la muerte o mínimo una golpiza.
A partir de ahí la situación evolucionó hasta alcanzar el nivel que hoy revelan estudios como el de la CNDH.
Por eso, el organismo defensor de Derechos Humanos ha emitido una recomendación general, la número 24, sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, “derecho que enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años, así como graves y diversos obstáculos, como los asesinatos de periodistas y actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, además de la impunidad muy alta en estos casos”.
La CNDH hace un llamado enérgico a las autoridades de la Federación y de las entidades federativas para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
Me parece muy bien que la CNDH le haga ese llamado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. Pero, honestamente, no creo que sirva de mucho.
Sencillamente no hay capacidad gubernamental para someter a la delincuencia y en consecuencia la autoridad no tiene los medios de garantizar el libre ejercicio del periodismo.
A los periodistas lo único que nos queda es aprender a detectar las situaciones de riesgo y apelar al entendimiento ciudadano de que cuando no se publica algo es precisamente por eso: por el peligro de vida o muerte.
Lo que sí puede hacer el Gobierno es impulsar políticas públicas para mejorar el entorno de los comunicadores. Por ejemplo, el llamado salario profesional de los periodistas es un tema olvidado desde hace casi 20 años.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com
Las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo dicen con contundencia: 109 comunicadores han sido asesinados desde el 2000 al 2016 y otros 20 están desaparecidos desde el 2005 a la fecha.
Peor aún: Tamaulipas figura como la segunda entidad en incidencia de homicidios de periodistas con un 11. 9 por ciento, apenas por debajo de Veracruz que encabeza las estadísticas con un 14.6 por ciento.
La investigación del organismo defensor de la dignidad de los tamaulipecos es reveladora, preocupante.
Pero olvida dos datos o al menos no los menciona: uno, que atrás de la mayoría de los asesinatos o desapariciones de periodistas está la mano del narcotráfico, y dos, que un alto porcentaje de las víctimas eran reporteros de la llamada “nota roja”.
En lo personal, tengo claro el momento en que ser periodista se tornó peligroso: fue a partir del 2009 cuando las presiones, de vida y muerte, sobre los comunicadores comenzaron a ser una constante.
Los 15 años anteriores al 2010 yo había sido el editor de la sección de seguridad pública de uno de los principales diarios victorenses. Eran años en que no había limitaciones para difundir cualquier asunto noticioso.
Sin embargo, a partir del 2009 las cosas comenzaron a cambiar: ser periodista se tornó una profesión donde una crítica o una nota informativa incómoda se podía castigar con la muerte o mínimo una golpiza.
A partir de ahí la situación evolucionó hasta alcanzar el nivel que hoy revelan estudios como el de la CNDH.
Por eso, el organismo defensor de Derechos Humanos ha emitido una recomendación general, la número 24, sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, “derecho que enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años, así como graves y diversos obstáculos, como los asesinatos de periodistas y actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, además de la impunidad muy alta en estos casos”.
La CNDH hace un llamado enérgico a las autoridades de la Federación y de las entidades federativas para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
Me parece muy bien que la CNDH le haga ese llamado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. Pero, honestamente, no creo que sirva de mucho.
Sencillamente no hay capacidad gubernamental para someter a la delincuencia y en consecuencia la autoridad no tiene los medios de garantizar el libre ejercicio del periodismo.
A los periodistas lo único que nos queda es aprender a detectar las situaciones de riesgo y apelar al entendimiento ciudadano de que cuando no se publica algo es precisamente por eso: por el peligro de vida o muerte.
Lo que sí puede hacer el Gobierno es impulsar políticas públicas para mejorar el entorno de los comunicadores. Por ejemplo, el llamado salario profesional de los periodistas es un tema olvidado desde hace casi 20 años.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com