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El senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del PAN, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal que propone sanciones más severas a servidores públicos que contraten “aviadores” y para quienes acepten estos puestos, “porque no generan ningún beneficio y sólo representan un costo para el Estado”.
El legislador indicó que las fracciones X a XII del artículo 215 prevén conductas relativas a la contratación de personas que no son aptas para el servicio público o que no realizarán las actividades por las que son contratados y prevé una sanción, tanto para el servidor público que los contrate como para la persona que acepte el nombramiento sin que desempeñe el empleo.
Sin embargo, remarcó “se ha considerado que esta sanción no ha resultado suficiente para disminuir dichas conductas, pues frecuentemente resaltan noticias que denotan la existencia de ‘aviadores’ en distintas instancias federales y locales.
Por ello propuso elevar la pena del delito de abuso de autoridad para quedar “de 1 a 8 años de prisión, de 50 hasta 300 días multa y destitución e inhabilitación de 1 a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Además, enfatizó que con esta reforma también se incrementan las sanciones contra quienes reciben sueldo sin trabajar, pues son cómplices de quienes los contratan e igual culpa comparten.
Fernández Sánchez Navarro sostuvo que dichas personas ocupan lugares que podrían ser cubiertos por trabajadores con el perfil requerido o que, de no ser necesarios, podrían ser eliminados como parte de los esquemas de reducción de gasto.
El legislador indicó que las fracciones X a XII del artículo 215 prevén conductas relativas a la contratación de personas que no son aptas para el servicio público o que no realizarán las actividades por las que son contratados y prevé una sanción, tanto para el servidor público que los contrate como para la persona que acepte el nombramiento sin que desempeñe el empleo.
Sin embargo, remarcó “se ha considerado que esta sanción no ha resultado suficiente para disminuir dichas conductas, pues frecuentemente resaltan noticias que denotan la existencia de ‘aviadores’ en distintas instancias federales y locales.
Por ello propuso elevar la pena del delito de abuso de autoridad para quedar “de 1 a 8 años de prisión, de 50 hasta 300 días multa y destitución e inhabilitación de 1 a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Además, enfatizó que con esta reforma también se incrementan las sanciones contra quienes reciben sueldo sin trabajar, pues son cómplices de quienes los contratan e igual culpa comparten.
Fernández Sánchez Navarro sostuvo que dichas personas ocupan lugares que podrían ser cubiertos por trabajadores con el perfil requerido o que, de no ser necesarios, podrían ser eliminados como parte de los esquemas de reducción de gasto.