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Desde siempre, los diputados locales se han empeñado en enviarle exhortos a funcionarios federales y estatales.
Han convertido en una costumbre hacer exhortos para cualquier cosa: para que agilicen la construcción de un hospital; para que mejoren algún servicio público, o para que ayuden económicamente a discapacitados, por citar algunos ejemplos.
No sé cuántos puntos de acuerdo, conteniendo exhortos, han sido aprobados, pero sí estoy seguro de que, al menos en esta legislatura, son decenas.
Para darle trámite a esas iniciativas, se gastan miles y miles de pesos en recursos humanos, y en todo lo que implica mantener en funcionamiento la infraestructura del Congreso del Estado.
¿Y sabe para qué? ¡Para nada!
Efectivamente así es, los exhortos del Congreso del Estado nunca han servido para algo, porque al carecer de fuerza legal no sin vinculantes para quien los recibe.
Es decir, el servidor público al que va dirigido, le aseguro, lo único que hace es limitarse a leerlo y a mandarlo al archivo. Ese es el destino que tiene al final todo un proceso legislativo, que comienza desde que el Pleno Legislativo recibe la iniciativa, que continúa cuando las Comisiones emiten su dictamen, y que finaliza en el momento en que se vota la propuesta en la asamblea parlamentaria.
Por eso, cuando uno ve la forma en que se desgañitan en la tribuna algunos diputados, en férrea defensa de la aprobación de un punto de acuerdo, no le queda más que preguntarse: ¿acaso no sabrán que están bordando en el vacío? ¿Serán tan ingenuos para creer que realmente les van a hacer caso? Sólo le pongo un ejemplo: este martes, el Pleno Legislativo aprobó un punto de acuerdo, para hacerle un exhorto al Ejecutivo del estado, en el que le piden que les dé un apoyo económico mensual a cada discapacitado.
El dictamen respectivo llevaba un sentido negativo. Es decir, había sido rechazado en Comisiones.
Sin embargo, durante el debate, el impulsor de la iniciativa, Alfonso de León Perales, defendió su propuesta con las uñas, secundado por el perredista Jorge Valdez Vargas.
La verdad, los argumentos de defensa de ambos diputados fueron contundentes. Convincentes por cualquier lado, al grado de que la mayoría priista no tuvo de otra que cambiar el sentido del dictamen, de negativo a positivo.
Pero insisto: eso y nada es lo mismo, porque finalmente el exhortado no está obligado a atenderlos.
La razón es sencilla: un exhorto no impone ninguna obligación al destinatario. Es, por decirlo así, como si le estuvieran pidiendo un favor, y hacerlo dependerá de que quiera, pero sobre todo de que cuente con los recursos económicos para hacerlo.
¿Usted cree que el Gobierno del Estado vaya a aceptar, destinar al menos mil pesos mensuales para poco más de 250 mil discapacitados que hay en Tamaulipas? Pensar que sí, sería ingenuo.
Por esas y otras razones, esperemos que los próximos diputados, que inician funciones a partir del uno de octubre, entiendan que si realmente quieren ser eficientes en su función legislativa, deben olvidarse de los exhortos como opción para lograr algún beneficio social.
Si quieren imponer alguna obligación, ya sea a la ciudadanía o a los servidores públicos, debe ser a través de la ley. Cualquier otro camino es perder el tiempo y desperdiciar recursos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com
Han convertido en una costumbre hacer exhortos para cualquier cosa: para que agilicen la construcción de un hospital; para que mejoren algún servicio público, o para que ayuden económicamente a discapacitados, por citar algunos ejemplos.
No sé cuántos puntos de acuerdo, conteniendo exhortos, han sido aprobados, pero sí estoy seguro de que, al menos en esta legislatura, son decenas.
Para darle trámite a esas iniciativas, se gastan miles y miles de pesos en recursos humanos, y en todo lo que implica mantener en funcionamiento la infraestructura del Congreso del Estado.
¿Y sabe para qué? ¡Para nada!
Efectivamente así es, los exhortos del Congreso del Estado nunca han servido para algo, porque al carecer de fuerza legal no sin vinculantes para quien los recibe.
Es decir, el servidor público al que va dirigido, le aseguro, lo único que hace es limitarse a leerlo y a mandarlo al archivo. Ese es el destino que tiene al final todo un proceso legislativo, que comienza desde que el Pleno Legislativo recibe la iniciativa, que continúa cuando las Comisiones emiten su dictamen, y que finaliza en el momento en que se vota la propuesta en la asamblea parlamentaria.
Por eso, cuando uno ve la forma en que se desgañitan en la tribuna algunos diputados, en férrea defensa de la aprobación de un punto de acuerdo, no le queda más que preguntarse: ¿acaso no sabrán que están bordando en el vacío? ¿Serán tan ingenuos para creer que realmente les van a hacer caso? Sólo le pongo un ejemplo: este martes, el Pleno Legislativo aprobó un punto de acuerdo, para hacerle un exhorto al Ejecutivo del estado, en el que le piden que les dé un apoyo económico mensual a cada discapacitado.
El dictamen respectivo llevaba un sentido negativo. Es decir, había sido rechazado en Comisiones.
Sin embargo, durante el debate, el impulsor de la iniciativa, Alfonso de León Perales, defendió su propuesta con las uñas, secundado por el perredista Jorge Valdez Vargas.
La verdad, los argumentos de defensa de ambos diputados fueron contundentes. Convincentes por cualquier lado, al grado de que la mayoría priista no tuvo de otra que cambiar el sentido del dictamen, de negativo a positivo.
Pero insisto: eso y nada es lo mismo, porque finalmente el exhortado no está obligado a atenderlos.
La razón es sencilla: un exhorto no impone ninguna obligación al destinatario. Es, por decirlo así, como si le estuvieran pidiendo un favor, y hacerlo dependerá de que quiera, pero sobre todo de que cuente con los recursos económicos para hacerlo.
¿Usted cree que el Gobierno del Estado vaya a aceptar, destinar al menos mil pesos mensuales para poco más de 250 mil discapacitados que hay en Tamaulipas? Pensar que sí, sería ingenuo.
Por esas y otras razones, esperemos que los próximos diputados, que inician funciones a partir del uno de octubre, entiendan que si realmente quieren ser eficientes en su función legislativa, deben olvidarse de los exhortos como opción para lograr algún beneficio social.
Si quieren imponer alguna obligación, ya sea a la ciudadanía o a los servidores públicos, debe ser a través de la ley. Cualquier otro camino es perder el tiempo y desperdiciar recursos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com