El verdadero boquete
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El plan de austeridad anunciado el pasado jueves por el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca es, sin duda, un acto de solidaridad y justicia con los sectores más desprotegidos de la sociedad a quienes irán destinados los aproximadamente 680 millones de pesos que se pretende ahorrar durante el 2017.
Es un buen comienzo de año para una administración estatal que, aunque inició formalmente en octubre pasado, es apenas ahora, en enero, cuando está ejerciendo a plenitud su gobierno por aquello de las limitaciones presupuestales que le heredaron los que se fueron.
De acuerdo al plan, los ahorros que sumarán esos 680 millones de pesos se obtendrán de apretarse el "cinturón" en sueldos y salarios de los principales mandos, iniciando por el Gobernador; de una reducción al parque vehicular, y de gastar menos en combustible, viáticos, convenciones, comunicación social, telefonía, mensajería y fotocopiado, entre otras acciones.
Qué bueno que sea así porque, indudablemente ha existido un abuso y un exceso en el uso de los dineros públicos, que han sido utilizados por los servidores públicos para darse una vida de magnates o reyes.
Sin embargo, creo que el más grave despilfarro del dinero público está en otro lado: en la enorme corrupción gubernamental.
Por eso soy un convencido de que el día que haya una auténtica voluntad por atacar ese mal, se generarán ahorros mucho mayores a los que se proyectan.
Dicho de otra forma, el enorme boquete por donde, año tras año, sexenio tras sexenio, se pierden miles y miles de millones de pesos en perjuicio de la sociedad, está en la deshonestidad de los servidores públicos.
Por todo ello, paralelamente a la estrategia de austeridad en el ejercicio gubernamental lo que urge es activar los mecanismos legales para impedir las transas que comúnmente se hacen desde el poder público.
Y digo que urge activar porque el fracaso del combate a la corrupción no está en la debilidad de los ordenamientos normativos en la materia sino en que no se aplican.
Los procedimientos de fiscalización son casi casi perfectos, pero se trata de una perfección que sólo figura en el papel porque en la práctica no se materializa.
Un ejemplo de ello es de que no hay un solo servidor público enjuiciado por corrupción a pesar de que las historias de nuevos ricos se siguen repitiendo, trienio tras trienio y sexenio tras sexenio.
En los municipios esas historias son más notorias porque, la gente generalmente conoce de sobra la precaria o limitada situación económica de quienes llegan al poder y en consecuencia estos no tienen forma de justificar su riqueza a la vuelta de tres años.
La urgencia entonces está en atacar la corrupción desde dos frentes: uno preventivo y otro reactivo o sancionador.
Preventivo, activando los candados para atajar cualquier mal uso del erario o del cargo público, y reactivo para castigar con dureza la conducta deshonesta ya consumada.
Si el Gobierno hace eso, el ahorro en recursos públicos se multiplicará.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com
Es un buen comienzo de año para una administración estatal que, aunque inició formalmente en octubre pasado, es apenas ahora, en enero, cuando está ejerciendo a plenitud su gobierno por aquello de las limitaciones presupuestales que le heredaron los que se fueron.
De acuerdo al plan, los ahorros que sumarán esos 680 millones de pesos se obtendrán de apretarse el "cinturón" en sueldos y salarios de los principales mandos, iniciando por el Gobernador; de una reducción al parque vehicular, y de gastar menos en combustible, viáticos, convenciones, comunicación social, telefonía, mensajería y fotocopiado, entre otras acciones.
Qué bueno que sea así porque, indudablemente ha existido un abuso y un exceso en el uso de los dineros públicos, que han sido utilizados por los servidores públicos para darse una vida de magnates o reyes.
Sin embargo, creo que el más grave despilfarro del dinero público está en otro lado: en la enorme corrupción gubernamental.
Por eso soy un convencido de que el día que haya una auténtica voluntad por atacar ese mal, se generarán ahorros mucho mayores a los que se proyectan.
Dicho de otra forma, el enorme boquete por donde, año tras año, sexenio tras sexenio, se pierden miles y miles de millones de pesos en perjuicio de la sociedad, está en la deshonestidad de los servidores públicos.
Por todo ello, paralelamente a la estrategia de austeridad en el ejercicio gubernamental lo que urge es activar los mecanismos legales para impedir las transas que comúnmente se hacen desde el poder público.
Y digo que urge activar porque el fracaso del combate a la corrupción no está en la debilidad de los ordenamientos normativos en la materia sino en que no se aplican.
Los procedimientos de fiscalización son casi casi perfectos, pero se trata de una perfección que sólo figura en el papel porque en la práctica no se materializa.
Un ejemplo de ello es de que no hay un solo servidor público enjuiciado por corrupción a pesar de que las historias de nuevos ricos se siguen repitiendo, trienio tras trienio y sexenio tras sexenio.
En los municipios esas historias son más notorias porque, la gente generalmente conoce de sobra la precaria o limitada situación económica de quienes llegan al poder y en consecuencia estos no tienen forma de justificar su riqueza a la vuelta de tres años.
La urgencia entonces está en atacar la corrupción desde dos frentes: uno preventivo y otro reactivo o sancionador.
Preventivo, activando los candados para atajar cualquier mal uso del erario o del cargo público, y reactivo para castigar con dureza la conducta deshonesta ya consumada.
Si el Gobierno hace eso, el ahorro en recursos públicos se multiplicará.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com