Adiós, Gorrión
"Ten cuidado con lo que quieres,no sea que lo logres".
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CUERNAVACA.- Una combinación de malas leyes, pésimas decisiones de política pública y cuestionables fallos judiciales amenazan con destruir una de las actividades más importantes de nuestro país. La minería ha sido sostén principalmente de las regiones más pobres. Paga, por mucho, los mejores salarios a los trabajadores sin preparación. Ahora, sin embargo, el sistema político quiere acabar con ella.
El 16 de febrero la primera sala de la Suprema Corte decidió, en votación de 4 a 1, anular dos títulos de concesión de 2003 y 2009 de Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, porque no se realizó una consulta con una comunidad presuntamente indígena. La Ley Minera no ordena esa consulta; sin embargo, los ministros concedieron de cualquier manera un amparo a la comunidad de Tecoltemi, que no está registrada como indígena, pero que se autoadscribió como tal. Fundamentaron su fallo en el Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT. Tecoltemi se encuentra a ocho kilómetros de la concesión. Las comunidades cercanas, que serían las más beneficiadas por el empleo, no se inconformaron. Gorrión ha invertido ya 40 millones de dólares en ese proyecto, que tiene una inversión total planeada de 1,270 millones de dólares.
El fallo deja en el aire a casi todas las concesiones mineras en México, ya que no se hicieron consultas previas con comunidades indígenas porque la Ley Minera no lo ordenaba... ni lo ordena. Curiosamente, los ministros no consideraron inconstitucional la Ley Minera, simplemente anularon las concesiones. Ahora, cualquier grupo que se autoadscriba como indígena podrá pedir la anulación de las concesiones existentes, sin importar que cumplan con la ley. Se abre la puerta a un pingüe negocio de extorsión.
El presidente López Obrador ha adoptado una posición, quizá popular, al declarar varias veces que no va a dar nuevas concesiones mineras. En marzo de 2019 anunció la cancelación unilateral de Los Cardones en Baja California Sur porque, dijo, "tenemos que cuidar el paraíso". También declaró, sin embargo: "Ya no queremos que haya el contraste ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias marginadas con pobreza, sin servicios de agua, de drenaje, de nada". Los ingresos de la mina habrían ayudado, porque la minería paga más del doble que el turismo.
De manera paradójica, en agosto de 2019, después de una visita a Parral, Chihuahua, el Presidente pidió al empresario Carlos Slim que no cerrara una mina en esa localidad para evitar la pérdida de empleos. También sorprende que esté promoviendo la minería en un metal difícil de producir y altamente contaminante, el litio, pero en régimen de monopolio para el gobierno.
México no se puede dar el lujo de destruir la minería, una actividad que genera 367 mil empleos directos (es.statista.com) con un salario promedio de 120 mil pesos al año; los mineros más experimentados ganan 288 mil pesos anuales (mx.talent.com). La industria ya sufre por las exigencias excesivas de los gobiernos y las extorsiones del crimen organizado. Generar incertidumbre jurídica puede poner fin a la inversión.