CÁRCEL SIN JUICIO
"La prisión preventiva no es justicia".
Edna Jaime
Alejandra Cuevas Morán permaneció 528 días en la cárcel por un crimen que no sólo no cometió, sino que ni siquiera está tipificado. Había una orden superior de castigarla, aunque ningún juez la hubiese declarado culpable.
No es la única mujer encarcelada en México sin juicio previo. La razón es una figura legal llamada "prisión preventiva" que considera a todo acusado culpable mientras no pruebe lo contrario. Si bien hubo un momento en que nuestro sistema legal empezó a superar este engendro para transitar a un régimen de respeto a la presunción de inocencia, el actual Gobierno está retrocediendo nuevamente a un sistema que primero castiga y después enjuicia.
El Presidente López Obrador y su mayoría legislativa han ampliado el catálogo de delitos con prisión preventiva "oficiosa", la que se aplica de forma automática. Ahora el sistema castiga sin juicio previo delitos como la "corrupción", que se pueden manipular fácilmente para propósitos políticos.
En los países que viven bajo un Estado de derecho la prisión preventiva es una excepción que se aplica sólo a acusados peligrosos o con alta probabilidad de fuga. Los demás, aunque estén acusados de crímenes graves, enfrentan sus procesos en libertad. Esto no quiere decir que no haya justicia, sólo que no se castiga hasta que un juez lo decide.
En México no sólo se ha ampliado el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, sino que los jueces la ordenan cada vez más, incluso cuando no es oficiosa, y lo hacen con frecuencia por razones políticas.
Está ahí el ejemplo de Rosario Robles, detenida el 13 de agosto de 2019, supuestamente por dos meses, mientras se realizaban las investigaciones de su caso, pero que permanece en la cárcel dos años y medio después.
Los jueces han determinado que la ex funcionaria representa un riesgo de fuga, pese a que regresó de un viaje en el extranjero para presentarse voluntariamente a declarar ante el juez. Para mantenerla en la cárcel se ha utilizado el argumento de que tenía más de un domicilio, aunque no hay razón para pensar que esto pudiera incrementar el riesgo de fuga.
Está también el caso de Yolli García, ex presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, encarcelada por el gobernador Cuitláhuac García por ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición.
Ninguno de estos delitos amerita prisión preventiva oficiosa, pero el juez la encarceló de todas formas. Yolli lleva ya dos años privada de la libertad sin que haya empezado su juicio.
"Las razones para imponer la medida cautelar fueron que ella viajaba mucho, que tenía una casa en la Ciudad de México y también que parte de su familia estaba ahí; además de que, a criterio del juez, no tenía arraigo en la comunidad, a pesar de llevar viviendo con su esposo e hijos 15 años en Xalapa", escribe Leticia Bonifaz, abogada y activista de derechos humanos. Huele a venganza política.
Otros comisionados con las mismas acusaciones del Gobierno veracruzano sí están enfrentando sus juicios en libertad.