MATAR CANDIDATOS

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"Vamos muy bien en nuestra estrategia porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia, vamos muy bien".

Andrés Manuel López Obrador,

octubre de 2019

Alma Barragán difundió un video en redes sociales este 25 de mayo en el que invitaba a la gente a acudir a un mitin electoral en la comunidad de La Manguita, en Moroleón, Guanajuato.

En las imágenes se apreciaba a esta joven mujer, con una camiseta naranja de Movimiento Ciudadano, partido que la postuló como candidata a alcaldesa de este municipio, invitar con alegría a la gente a participar en su inminente reunión.

Minutos después caía acribillada y perdía la vida. Dos personas que la acompañaban quedaron heridas en el lugar.

No es el único caso de violencia contra un candidato en la actual campaña electoral. El pasado 13 de mayo fue también asesinado el abanderado de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Sonora. Se trataba de Abel Murrieta, quien con anterioridad había sido Procurador de Justicia del Estado. Una colaboradora suya fue herida en el ataque.

La violencia puede tomar otras formas. El mismo 25 de mayo en que Alma Barragán fue asesinada, el candidato del Partido Verde a la Alcaldía de Uruapan, Michoacán, Omar Plancarte, fue secuestrado. Hasta el momento de escribir este artículo no hay información pública sobre su situación.

El 17 de mayo, por otra parte, fue privada de la libertad Zudikey Rodríguez, velocista olímpica, quien fue amenazada para no continuar con su campaña. La atleta suspendió actividades unos días, pero ha decidido no retirar su candidatura.

Según Etellekt Consultores, firma que se ha dedicado a documentar la violencia política en nuestro país, 34 candidatos o aspirantes a candidaturas en el actual proceso electoral han sido asesinados. Si se añaden otros políticos, el número de víctimas mortales asciende a 88.

El alto índice de violencia política es sumamente preocupante. Subraya el grado de intervención que está teniendo el crimen organizado en las campañas políticas. Esta influencia se está dando principalmente a nivel de municipios, pero no podemos pensar que esto le resta importancia.

Los municipios son el punto que el crimen organizado encuentra más fácil penetrar, pero las consecuencias trascienden por mucho el ámbito local. Recordemos el caso del ex Presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quienes según la entonces Procuraduría General de la República estaban relacionados con el crimen organizado.

En la versión de la PGR, ellos dieron las instrucciones para que el 26 de septiembre de 2014 la Policía Municipal de Iguala secuestrara a un grupo de normalistas de Ayotzinapa por órdenes de los líderes de la organización, quienes los asesinaron pensando que eran miembros del grupo rival.

Los 34 candidatos y aspirantes a candidaturas que han sido asesinados hasta ahora son nada más la punta del iceberg. No sabemos cuántos más han sido presionados o han tenido que aceptar exigencias del crimen organizado para seguir compitiendo. No sabemos tampoco cuántas veces en el futuro los criminales que han dado luz verde a estos candidatos demandarán su obediencia.

La violencia contra los políticos, por supuesto, no se da en aislamiento en la sociedad. Si bien algunos delitos muestran una declinación en los últimos meses, quizá como consecuencia de la pandemia, seguimos viviendo en uno de los países más violentos del mundo y con mayor presencia del crimen organizado. No queda claro, por otra parte, que la política de abrazos en vez de balazos esté cambiando el rumbo de la situación.