Vender niñas
"Me estrujó el corazón", me dijo una querida amiga. Se refería a una nota publicada en este diario el 10 de mayo sobre la venta de niñas de 9 años en adelante en el Estado de Guerrero como esposas o como mano de obra esclavizada.
Es una tragedia que no le importa a casi nadie. Se investiga poco y cuando la información sale a la luz pública, algunos se indignan, otros lo lamentan, pero poco sucede
Salvo una petición de investigar el caso por parte de algunas legisladoras federales y algunas críticas de organizaciones de la sociedad civil de Guerrero, no encontré mayor eco.
No vi respuesta de algún funcionario federal preocupado por el tema, tampoco de la candidata puntera en las encuestas a la Gubernatura de Guerrero, la hija de Félix Salgado Macedonio, lo cual no debería sorprenderle a nadie. Su padre está acusado de violación por varias mujeres.
En lo que va de la semana, el Presidente no le ha dedicado un segundo al tema. Sabemos que sí lee REFORMA y lo comenta cuando le importa. Tiene otras preocupaciones, entre ellas, distraer sobre el trágico derrumbe de la Línea 12 del Metro y tratar de influir en el proceso electoral, como lo ha confesado abiertamente.
¿Por qué a un Gobierno que se dice progresista no le importa un tema así de doloroso? La respuesta es fácil: no es progresista. No le importan realmente los derechos de las mujeres. No ha mostrado empatía con los dramas que viven tantas mujeres en nuestro País.
No es un Gobierno transformador y liberador de quienes han sufrido opresiones ancestrales. De hecho, defiende las formas más tradicionales de vivir en el País, lo cual incluye en más de una entidad la venta de niñas u otros horribles maltratos a las mujeres.
Es un Gobierno que quiere regresar al pasado, tanto en el modelo económico con monopolios energéticos, como en el político, sin pesos y contrapesos. Eso sí, con demagogia y reparto de dinero para tener el apoyo de los más pobres y vulnerables.
No tiene un proyecto modernizador que incluya derechos de verdad, no los estipulados en las leyes, que se quedan en el papel, sino los que debemos gozar los ciudadanos, con instituciones fuertes que velen por su cumplimiento.
En general, quienes son menores de edad pesan poco políticamente. No votan. Por eso son tan improbables las reformas educativas como la aprobada en el Gobierno de Peña Nieto.
No hay presión de los padres por mejorar la calidad del sistema educativo, para muchos es difícil juzgar si están o no aprendiendo bien sus hijos.
Políticamente hablando, es más rentable apaciguar a los sindicatos que impulsar un mejor proceso de reclutamiento y promoción del magisterio. Por eso AMLO derogó la reforma de Peña Nieto.
El grueso del gasto de los programas sociales de la actual Administración es para los adultos mayores. Son el grupo donde AMLO tiene mayor apoyo. En ese segmento la proporción de gente que vota es mucho mayor que entre los jóvenes. Si éstos votaran más, tendrían un mayor gasto público orientado hacia ellos.
Son los padres quienes podrían defender los intereses de sus hijos e hijas, pero la estructura social y los valores predominantes en los lugares más remotos de Guerrero apoyan usos y costumbres criminales.
Los políticos prefieren no enfrentar las creencias de sus electores y así se mantiene una suerte de equilibrio perverso, centenario, que impide el ejercicio de los derechos humanos elementales de las niñas.
Ante la falta de interés en el tema por parte del Gobierno y de los partidos políticos, se requieren organizaciones fuertes de la sociedad civil preocupadas por estos temas que sean capaces de traer al centro de nuestras preocupaciones los derechos de nuestras niñas.
El Gobierno ataca y desprecia a estas organizaciones. No las puede controlar. Empañan su cuento de vivir en el mejor de los mundos. Mientras, continúa la venta de niñas.