Judicializar la política

PIERRE ROSANVALLON presentó su libro La Contrademocracia en 2006.

El prolífico académico, intelectual, historiador y director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, se ha preocupado por estudiar el papel de la Democracia como pocos autores.

Uno de los aspectos que analiza ROSANVALLON en La Contrademocracia, es precisamente la judicialización de lo político.

Dice que cuando esta sucede, entonces se pasa de las democracias de confrontación y representación a las democracias de imputación (p.224)

La democracia mexicana no ha escapado a esta tentación de resolver por la vía de la justicia, el diferendo político que no logra procesarse por el camino del diálogo y la construcción de acuerdos.

Preocupante cuando a quienes piensan distinto y están en la trinchera política de enfrente, el poder los deja de mirar como adversarios para verlos como enemigos y tratarlos como tales.

Cuando esto sucede, entonces la democracia de la confrontación de ideas y de la representación política ha fracasado.

Surge así la democracia de los expedientes judiciales, en donde los juzgados sustituyen a los Parlamentos y al debate en el Foro Nacional.

Viene a cuento lo anterior, porque dos años antes de que ROSANVALLON sacara a la luz La Contrademocracia, la judicialización de la política metió en tremendo apuro a un político tabasqueño en ascenso.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en ese entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue sometido al procedimiento legislativo de desafuero, por una decisión política del Presidente VICENTE FOX QUESADA.

La judicialización de la política fue consentida por la Cámara de Diputados.

Particularmente por las bancadas del PAN y del PRI, que sumaron 360 votos a favor, junto con la mitad del Grupo Parlamentario del PVEM.

Durante la sesión celebrada el jueves 07/04/2005, los Grupos Parlamentarios del PRD, PT, Convergencia y la otra mitad del PVEM, votaron en contra del desafuero del político tabasqueño.

TATIANA CLOUTHIER CARRILLO se abstuvo.

MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ voto a favor del desafuero, al igual que JESÚS NADER NASRALLAH y 143 diputadas y diputados más del PAN.

HUMBERTO FILIZOLA HACES, HOMERO DÍAZ RODRÍGUEZ, GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO más otros 203 diputados y diputadas más del PRI, se manifestaron a favor del desafuero.

ELPIDIO TOVAR DE LA CRUZ, ANTONIO GUAJARDO ANZALDÚA, CRUZ LÓPEZ AGUILAR y 124 diputados y diputadas más, votaron en contra.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ era el coordinador de la bancada del PRD y hoy es presidente de la Sección Instructora a cargo del desafuero.

HORACIO DUARTE OLIVARES, hoy Coordinador de Aduanas del Gobierno Federal, presidía en 2005 a la Sección Instructora y se opuso al desafuero con un voto particular.

Finalmente el Presidente FOX reculó y detuvo el litigio.

Viene a cuento el relato anterior, porque hoy estamos parados ante un nuevo amague de judicializar a la política, para obtener un beneficio electoral.

Me refiero al expediente integrado por la Fiscalía General de la República y a la solicitud de desafuero en contra del Gobernador de Tamaulipas.

No me queda la menor duda de que el leitmotiv radica en la política.

¿Acaso la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, habrían integrado un expediente en contra de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, si éste no hubiera disentido y manifestado su desacuerdo con la 4T, desde la Alianza Federalista y como Gobernador de Tamaulipas?

Sin duda alguna la respuesta es un rotundo no.

Y digo que es un amague de convertir un expediente político en un expediente judicial, por lo que señala el párrafo cinco del artículo 111 constitucional, en lo que se define como un doble fuero que tienen los Gobernadores.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. 

Ya sabemos el desenlace: MORENA aprobará la declaración de procedencia en la Cámara de Diputados y el PAN la rechazará en el Congreso del Estado.

Me preocupa la intentona de judicialización de la política, porque significa que la pluralidad y el natural disenso democrático, estorban al formato excluyente del populismo en el poder y derivan en persecuciones de índole político.

Como también preocupa y mucho, que la autonomía constitucional que tiene la Fiscalía General de la República, claudique y se ponga al servicio de los intereses políticos de la 4T.

Hoy el Presidente LÓPEZ OBRADOR actúa como lo hizo en su contra el Presidente FOX en abril de 2005.