Buenas intenciones, malos resultados
Un amigo me contó hace años de una propuesta de iniciativa de ley que le presentó un diputado. Según ésta, todo empleador de una persona con alguna discapacidad estaría obligado a asegurar que el centro de trabajo tuviera la infraestructura requerida para el adecuado desempeño de la persona en cuestión. ¿Suena bien no? El propósito era noble e inobjetable: proteger a personas que enfrentaban alguna desventaja y asegurar su inserción en la actividad productiva.
El problema no radicaba en el propósito sino en su posible consecuencia. De convertirse en ley, probablemente disuadiría a muchas empresas de contratar personas con discapacidad por el alto costo que implicarían las adecuaciones. Así, la población que se buscaba proteger e insertar en el mercado laboral probablemente quedaría peor que antes, con menos empleos ofrecidos. Hubiera sido mejor para lograr el objetivo, ofrecer incentivos positivos como apoyos o subsidios para empresas que contraten personas en esta condición y que realicen las adecuaciones pertinentes. La moraleja es que no basta con tener un buen propósito, la efectividad de una política depende de un buen diseño e implementación de las acciones elegidas, no de las intenciones.
Son muchos los ejemplos de políticas y programas bien intencionados que no alcanzan sus metas o que llegan a tener efectos adversos sobre la población objetivo. Esto ocurre típicamente cuando se introducen medidas sin entender bien el problema y sin considerar adecuadamente las razones detrás de las decisiones de las personas a quien se dirigen. Tómese como ejemplo el caso de la alta deserción escolar que a comúnmente se busca contrarrestar con becas. Antes que suponer, habría que preguntar si la deserción se explica por la necesidad de trabajar para obtener un mayor ingreso, en cuyo caso la beca efectivamente podría disuadir el abandono escolar, siempre y cuando su monto fuera suficientemente alto para eliminar la tentación de emplearse en vez de estudiar. Sin embargo, la deserción puede deberse a otras razones por lo que las becas podrían no resolver el problema, como sería el que las familias vean poco valor alcanzar mayor escolaridad, la mala calidad, lejanía o pobre infraestructura de la escuela o hasta cuestiones relacionadas con la salud.
Las políticas públicas también pueden tener consecuencias más allá de lo que se busca resolver. Por ejemplo, Santiago Levy ha mostrado que la existencia de múltiples programas sociales dirigidos a la población sin seguridad social, crean una red de protección, pero generan un desincentivo a la formalización de empresas y empleos y alientan que las empresas mantengan una escala pequeña, resultando en menor productividad, bajos salarios y débil crecimiento económico. No pone en duda que muchas personas requieren apoyos ni se cuestiona la efectividad de algunos programas. Mas bien, la conclusión es que mantener sistemas fragmentados crea condiciones que impiden a México alcanzar su potencial de crecimiento y desarrollo.
En días recientes vimos algunos ejemplos de políticas que podrían tener buenas intenciones, o al menos así se presentaron, pero cuyos resultados podrían ser negativos o tener consecuencias más allá de lo que buscan atender. Es el caso de la iniciativa de cambio a la Ley del Banco de México, presuntamente para facilitar el intercambio de dólares por los migrantes mexicanos y sus familias o por turistas internacionales, pero que vulneraría la autonomía del Banco de México respecto al manejo de las reservas internacionales y arriesgaría la estabilidad y credibilidad del sistema financiero. Es decir, se pagaría un precio mayúsculo para un problema que podría solucionarse por otra vía. De manera similar, la propuesta de contralar las comisiones de las Afores probablemente lleve a un mercado aún más concentrado que empeore el servicio, siendo que lo deseable para reducir costos y mejorar servicios es precisamente fortalecer la competencia en dicho mercado. Finalmente, el incremento al salario mínimo puede ser deseable, pero en un entorno de severa crisis económica la mediada probablemente redundará en mayor desempleo e informalidad a menos que se acompañe de acciones para apoyar a las empresas y al empleo.
No bastan las buenas intenciones y propósitos. Debe cuidarse el diseño de las intervenciones de política pública considerando los incentivos que generan sobre las personas e instituciones, lo cual no siempre ocurre y el desprecio mostrado por la actual administración al conocimiento técnico, a la evaluación y la transparencia no ayudan. Ahora bien, aquí hemos hablado de políticas bien intencionadas pero existe la posibilidad de que el objetivo real no sea siempre el anunciado y se busque más bien beneficiar a ciertas personas o grupos o generar clientelas políticas, en cuyo caso, el problema es otro.