¿Corte sumisa y cortesana?
Ausente desde hace nueve años, Miguel Ángel Granados Chapa celebraría las acciones legales contra la Sosa nostra.
El veredicto desde la mayor parte de la academia, la política y la opinión pública está dado: al resolver el espinoso asunto de la consulta popular sobre expresidentes, la Suprema Corte de Justicia rindió el último baluarte que podía frenar al Presidente y disolvió el único contrapeso que López Obrador tenía en su ruta autoritaria.
Yo tengo una visión diferente. Veo la resolución de la Corte como producto de un debate serio y con argumentos robustos de ambas partes. La decisión se tomó por la mínima diferencia de un voto y ello ilustra la complejidad del tema.
Como ha ocurrido antes y como seguramente ocurrirá en lo futuro, la Corte ha quedado en medio de la disputa pública y política por la nación. Se trata de una ruda confrontación en la que se enfrentan dos visiones discordantes sobre las políticas públicas y el ejercicio del poder y en la que, lamentablemente, se exacerban diferencias, se soslayan coincidencias y se minusvaloran resultados positivos.
En tal ambiente político, la Corte será débil y sumisa si resuelve en consonancia con la postura del gobierno y vigorosa y autónoma si lo hace en su contra. Así de superficial y maniqueo está siendo el análisis. No se alcanza a vislumbrar que esta vez la Corte resolvió a favor y en contra de López Obrador.
Ese análisis y el veredicto muestran, al menos, tres fallas:
Uno. Es erróneo suponer que AMLO no tiene contrapesos cuando los hay no sólo en el Congreso, sino en la sociedad y en muchos medios de comunicación. Para convencerse de esto, basta mirar al Zócalo en estos días, escuchar decenas de programas diarios en la radio o leer a decenas de columnistas, muchos de los cuales -no todos ni en todos los medios- antes se mostraban dúctiles ante el poder y hoy asumen roles de críticos severos. Cierto que los partidos de oposición deberían formar parte sólida de ese contrapeso, pero si su figura está difuminada, ¿debe culparse de ello al Presidente o a la Corte?
Dos. Otra falla es considerar que la Corte debe ser necesariamente contrapeso. Dos visiones que difieren ahora sobre la reciente resolución del máximo tribunal han coincidido antes, sin embargo, en que la Corte no debe ser considerada contrapeso. Estas opiniones corresponden a dos distinguidos juristas: Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, y Diego Valadés, constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Valadés lo expresó así en un tuit de hace un año, 4 de octubre de 2019: "La Suprema Corte de Justicia no es ni debe ser un contrapeso del gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos. Los contrapesos deben estar en el Congreso. Esto es lo que se hace en toda democracia constitucional". Y Zaldívar coincidió en otro tuit: "Tiene toda la razón el distinguido constitucionalista @dvalades. La #SCJN no es, ni puede ser, un partido de oposición. No es ese su papel, ni su función en una democracia constitucional". Y Zaldívar escribió también lo que, para él, sí es la SCJN: "Poder equilibrador que controla la constitucionalidad".
Tres. La simplificación de lo complejo lleva a la conclusión apresurada de que la Corte avaló la propuesta presidencial, y esta es la tercera falla del análisis y el veredicto porque, si bien la resolución determinó que la materia de la consulta popular sí es constitucional, también rechazó la pregunta planteada por el Presidente y excluyó el contenido esencial: los nombres de expresidentes, al reformular la pregunta. Cierto que la reformulación no es afortunada sino barroca, pero cierto también que la pregunta original no fue admitida.
Ante estas tres fallas en el análisis, es pertinente preguntar dónde está la sumisión si el contenido esencial de la propuesta presidencial fue revocado. Irónicamente, la descalificación a la Corte y su adjetivación de sumisa y controlada por el Ejecutivo provienen en buena medida de quienes otras veces han postulado la necesidad de preservar las instituciones.
Sobre la consulta en específico -que yo considero innecesaria-, sobre su costo y el desatino legislativo de celebrarla al margen de los procesos electorales, hay mucho que decir, pero será en otra ocasión porque la dictadura de los caracteres no lo permite ahora.