¿Palos de ciego?

En las últimas semanas, diversos medios han informado sobre el malestar de la comunidad científica nacional por decisiones adoptadas en Conacyt.

Éstas van desde solicitar a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores que aportaran durante uno, dos o tres meses la beca que reciben como estímulo por su labor de investigación para contribuir al fondo de la contingencia sanitaria -petición que se canceló-, hasta la instrucción a los centros públicos de investigación de que "cualquier información, actividad, modelo o desarrollo relacionados con la atención" del Covid-19 debe acordarse y coordinarse con el Conacyt "para no duplicar esfuerzos" y orientarlos de la mejor manera, medida que violenta la creatividad y la innovación -también se suspendió.

Conacyt es un organismo público y descentralizado del Estado, cuyo objetivo es "articular las políticas públicas del Gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del País".

Su actual directora es la doctora María Elena Álvarez-Buylla, bióloga especializada en genética molecular, desarrollo, ecología y evolución de las plantas, y primera mujer en encabezar la institución creada en 1970, lo cual representa un gran mérito personal y del Gobierno.

Álvarez-Buylla recibió en 2017 el Premio Nacional de Ciencias por sus aportaciones para la preservación de la diversidad biológica del País.

Con investigaciones y publicaciones destacadas en su especialidad, ya había sido objeto de críticas antes de asumir el cargo debido a su activismo político en el ámbito científico. Pertenece, por ejemplo, a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

También por sus posturas sobre la seguridad de los alimentos genéticamente modificados, un tema candente objeto de intenso debate científico y político a nivel global y sobre el cual sostiene que los OMG (Organismos Genéticamente Modificados) son dañinos para la salud humana y deben prohibirse.

Si antes de llegar a la dirección de Conacyt ya era foco de controversias, su arribo a la institución no ha hecho sino agudizar los problemas y las críticas.

Su postura de adjetivar a la ciencia y etiquetarla en un polo de "ciencia neoliberal" y otro de "ciencia comprometida con la sociedad", anunciaba la polémica desde el inicio de su gestión.

Porque una cosa es la ciencia, que es la búsqueda objetiva y con un método para explicar la realidad, y otra las políticas públicas y el manejo que desde el poder se puede hacer de la producción científica.

Esa visión militante de la ciencia incomoda a la comunidad científica, que no se identifica con tal criterio y rechaza ser encajonada en ese esquema ideológico.

Expresión de este enfoque fue la reciente convocatoria de académicos de la UNAM organizados en el Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad, para debatir sobre la "ciencia neoliberal", la cual fue cancelada por la casa de estudios.

Con un lenguaje ideológico, el póster de la convocatoria afirmaba que la "ciencia neoliberal" afecta el desarrollo del País al sesgar el trabajo de los científicos y académicos hacia los intereses de las grandes empresas y priorizar las ganancias privadas.

También que entre 2013 y 2018 Conacyt transfirió al sector privado el 48 por ciento de los fondos de ciencia y tecnología, relegando la investigación en ciencia básica y alentando el "huachicoleo científico".

¿Acaso esta perspectiva, que contrapone al sector público con el sector productivo privado -algo que no ocurre en las economías desarrolladas- como dos esferas con intereses opuestos y antagónicos y no complementarios para el desarrollo nacional, es la que pretende imponerse desde la dirección de Conacyt?

Resulta inquietante que un ámbito tan importante y estratégico para el País como el de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, se convierta en un espacio donde el conflicto y los palos de ciego afecten el presente y el futuro de nuestro desarrollo.