Amnistía selectiva
Recordando que en 1978 y 1994 el Congreso de la Unión aprobó el perdón para los presos políticos y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su Iniciativa de Ley de Amnistía, que consta de 8 artículos en su parte normativa y dos más en su transitoria, con una exposición de motivos en donde empata su decisión con el indulto otorgado hace 209 años por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, pero reconociendo que son figuras jurídicas distintas.
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa presidencial, es que las cárceles están habitadas en su gran mayoría, por mexicanas y mexicanos con un perfil de alta marginación social: con excepción del abogado de la élite del poder peñista, Juan Collado, y un par de ex gobernadores, el 99% de quienes están en prisión provienen de familias en pobreza y pobreza extrema.
Tiene razón el Presidente López Obrador: existe una relación inversa entre el acceso a la justicia pronta y expedita y la condición económica del justiciable. A mayor poder económico, mayor capacidad para contratar un buen abogado y así
sortear con éxito los vericuetos de la procuración y la impartición del derecho. En el otro extremo: a mayor vulnerabilidad social, menor es la posibilidad de que se le haga justicia a una persona.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, ENPOL, levantada por el INEGI en 2016, señala que el 72.1% de los internos estudiaron educación primaria, el 19.2% cursaron el bachillerato y apenas el 4.6% lograron cursar sus
estudios en una institución de educación superior. Las cárceles estás llenas de pobres, dice el refrán popular con sobrada razón.
En este mismo tenor, coincido con el Presidente López Obrador: la procuración y la impartición de justicia profesional, honesta, pronta y expedita, se encuentra entre los reclamos más sentidos de las mexicanas y mexicanos. Para muestra el botón que ofrece el Índice de Progreso Social 2019, presentado esta semana en Washington DC, por la organización Social Progress Imperative.
México mantiene un foco rojo encendido precisamente en el apartado de acceso a la justicia, desde por lo menos el último año del Presidente Peña Nieto hasta el primero de la 4T que encabeza el Presidente López Obrador. Este indicador no
permite a nuestro país mejorar en el ranking de los 149 países, evaluados por la organización dirigida por Michael Green.
Dividido en tres dimensiones, el Índice de Progreso Social que alcanza México lo ubica en el lugar 55 de las 149 naciones evaluadas, al obtener 71.51 puntos por 90.95 que obtiene Noruega, encabezando la tabla. Pero en acceso a la justicia, el indicador mexicano se coloca en el sitio 122 con 0.40 puntos, dándole la razón a la parte argumentativa de la iniciativa presidencial de amnistía.
Ahora bien, el perdón propuesto por el Presidente López Obrador va dirigido a 3 grupos sociales: las mujeres, los jóvenes y los indígenas, que por alguna razón se encuentra privados de su libertad. Pero además la iniciativa es selectiva, por la exigencia de tres condiciones para recibir el beneficio de la amnistía. Primero, que no sean internos reincidentes, es decir, que la sentencian que recibieron sea la primera. Segundo, que no hayan sido condenados por privar de la vida a una
persona, contra la integridad corporal, secuestro o que las lesiones provocadas hayan dejado una secuela. Tercero, que no hayan usado armas de fuego para cometer el delito. La amnistía aplica solo para prisioneros por delitos menores.
Será el Fiscal Alejandro Gertz Manero quien aplique la Ley de Amnistía y Olga Sánchez Cordero la encargada de cabildear con los 31 Gobernadores y la Jefa de Gobierno de la CDMX, para impulsar la amnistía en el ámbito local.
¿Qué bancada la rechazará? Ya veremos.