Un Alcalde ingenuo
No sé si el alcalde de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante, nos crea tontos a los tamaulipecos, o si piense que sigue en los tiempos aquellos del pasado donde los gobernantes podían saquear las arcas públicas sin pudor y sin castigo alguno.
Y es que resulta que “Chuchín” envió, este pasado miércoles, al Congreso del Estado, una iniciativa de decreto a través de la cual solicita autorización de los legisladores para firmar un contrato con una empresa privada, que se encargue del suministro de alumbrado público a ese municipio fronterizo, pero en particular a la ciudad.
El “angelito” quiere que el Cabildo firme el convenio con una empresa (que supuestamente todavía no saben cuál es porque para ello se hará un proceso de licitación), para que durante los siguientes 12 años se encargue de modernizar la infraestructura de alumbrado público y el pago del consumo de luz.
A cambio, el Ayuntamiento le pagará cada mes al empresario 7 millones 348 mil 884 pesos.
Para justificar su solicitud y tratar de sacarles el “sí” a los diputados, el edil fronterizo argumenta, ingenuamente, que el contrato con la iniciativa privada es en respuesta a las quejas de los matamorenses por el mal servicio de alumbrado público.
Dice además que el convenio le permitirá ahorros al Ayuntamiento, los cuales podrá dedicar a otros rubros de beneficio social.
¿Usted cree los dichos de “Chuchín”? La verdad, son argumentos infantiles que no convencen a nadie.
Lo único que ha provocado la propuesta del edil fronterizo es colocarse en el centro de la sospecha ciudadana. Cierto o no, lo menos que uno piensa es que quiere beneficiar a uno o varios amigos entregándole un envidiable y jugoso contrato.
Desde luego que nadie creería que la entrega del convenio sería gratis. No es un mito aquello del famoso “diezmo”. Se trata de una figura que subsiste a pesar del supuesto endurecimiento de la lucha contra la corrupción.
A todo ello hay que añadirle que la actual administración municipal de Matamoros, como las otras 42, terminan su ejercicio el último día de septiembre, lo que aviva más la desconfianza sobre esa iniciativa sospechosa que pretende heredarle una deuda enorme a los tres próximos gobiernos de ese municipio.
No tengo la menor duda de que el Congreso del Estado le negará el permiso a “Chuchín”. No hacerlo convertiría a los diputados en cómplices de un saqueo al erario de Matamoros.
EL RESTO
Le pregunté ayer a Natanael Isaí Castelán Iturria, el Director General de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), su opinión sobre las denuncias acerca del presunto sometimiento jerárquico que padecen la mayoría de los agentes del Ministerio Público, y que les impide usar sus criterios en la investigación de los delitos.
El funcionario michoacano no pudo ocultar su sorpresa por la pregunta, seguramente porque su jefe de prensa le había asegurado que la entrevista que le harían los reporteros era para que se luciera. Tanto se sorprendió que tardó en encontrar una respuesta.
Al final se limitó a decir que respetaba la opinión de los denunciantes, pero que no la compartía.
Pero en parte aceptó los hechos porque acabó reconociendo que la llamada justicia alternativa y las figuras de terminación anticipada del proceso penal, tienen poco uso.
Sin embargo, responsabilizó de ello a los abogados litigantes, porque según dijo, prefieren llevar a juicio los asuntos para poder cobrar sus honorarios.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
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