Ordenan libera al expresidente brasileño Lula da Silva
Este domingo, el Tribunal Supremo Regional de Porto Alegre (Brasil) solicitó la liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio 'Lula' da Silva. La orden fue dada por el juez Rogério Favreto tras el pedido de 'habeas corpus' de los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, informa Globo.
De acuerdo con el despacho judicial, se determinó la suspensión de su detención por no haber fundamento jurídico. La liberación del exmandatario deberá cumplirse "en régimen de urgencia" este 8 de julio luego de presentarse ante la entidad carcelaria el documento oficial que lo ordena.
Tras conocerse la decisión, el juez que condenó a Lula, Sergio Moro, se negó a cumplir inmediatamente lo estipulado por Favreto. Según el magistrado, su colega "no tiene la competencia para tomar esa decisión de manera mesocrática" y el colegiado del Tribunal Supremo Regional "no tiene los poderes" para autorizar su salida.
Moro acentúa que, si una autoridad policial cumple la decisión de una "autoridad absolutamente incompetente", estará incurriendo en "el incumplimiento de una orden de prisión". Asimismo, manifestó que se dirigirá a los miembros del tribunal para revocar la orden.
En enero, Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión. Desde el pasado 7 de abril permanece preso en Curitiba (Paraná), en el marco de la megacausa conocida como Lava Jato (lavado a presión, en español), que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y los sobornos que pagó la constructura Odebrecht.
Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Por ese hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal de apelación, fue confirmada en enero y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.