Olvidaron al más importante

La semana pasada, un velador murió atropellado sobre uno de los libramientos de Ciudad Victoria. En el asiento del copiloto del vehículo fue encontrada una joven trabajadora del Gobierno del Estado.
Ese mismo día, por la tarde, la muchacha fue liberada por el agente del Ministerio Público, porque no había suficientes datos de prueba que la señalaran como la conductora responsable, lo cual “incendió” las redes sociales.
Acusaciones de “gobierno corrupto” y “vendidos”, entre muchas más, circularon como comentarios en la difusión de la noticia sobre la liberación de la burócrata.
Hubo incluso alguien que preguntó indignado: ¿y si el conductor hubiera sido cualquier hijo de vecina, también lo habrían liberado así de rápido?
No es la primera vez que se dan este tipo de enardecimientos sociales por la libertad de alguien a quien se le imputa la comisión de un delito. Se han vuelto historias muy recurrentes, casi cotidianas.
Pues bien, eso ocurre porque, a unos días de cumplirse el segundo año de vigencia del sistema de justicia penal acusatorio, sigue prevaleciendo entre la ciudadanía esa percepción de impunidad en la aplicación de la ley penal.
La sociedad piensa o supone equivocadamente que, por el hecho de que un imputado sea liberado casi de inmediato, el delito cometido quedará impune.
Y eso ocurre por una sencilla razón: porque los Gobiernos se olvidaron de socializar el contenido del sistema de justicia penal acusatorio. No le explicaron al ciudadano común, ese que no conoce de Derecho porque no está obligado a ello, que hay nuevas reglas para aplicar la ley penal.
Esto desde luego es lamentable, sobre todo porque es algo que debió preverse desde mucho antes de aquel 13 de junio del 2016, cuando fue implementado en Tamaulipas el nuevo modelo de enjuiciamiento penal.
En este espacio fuimos y hemos sido insistentes críticos en ese descuido por parte de quienes tuvieron bajo su responsabilidad el aterrizaje del sistema acusatorio.
Sucede que los Gobiernos se dedicaron de lleno a capacitar a todos sus operadores jurídicos, desde peritos, policías, agentes del Ministerio Público, Jueces, y toda una gama de servidores públicos que son parte de engranaje del sistema de justicia penal, pero
se olvidaron del protagonista más importante: el justiciable.
Nadie se preocupó, ni antes ni ahora, por explicarle a la ciudadanía el cambio tan trascendente que habría en la procuración e impartición de la justicia penal. Minimizaron ese punto y las consecuencias hoy las vemos con esa irritación e indignación social que brota cada que la ciudadanía ve que alguien que cometió un delito, es liberado con tanta rapidez, como sucedió con la burócrata que arrolló y mató a un hombre la semana pasada.
Ojalá y que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) o el Poder Judicial, asuman como suyo este problema de desconocimiento de la sociedad acerca del sistema acusatorio, e inicien alguna estrategia que permita informarle al ciudadano que, otorgar una libertad a quien cometió un delito, no significa de ninguna manera impunidad.
Hay que explicarle a la ciudadanía que hay nuevas reglas para aplicar la ley, pero que al final quien cometió un delito habrá de enfrentar las consecuencias de ello. Así de fácil.

roger_rogelio@hotmail.com