Justicia carcelaria.

No es costumbre el uso de éste espacio para el elogio o vitoreo de las acciones de un Gobierno. En realidad, el propósito de esta colaboración diaria es servir como vigilante o instrumento de contrapeso de quienes ejercen el poder público, a través de la crítica o la denuncia de sus yerros o fracasos institucionales. Sin embargo, creo que en esta ocasión vale la pena hacer la excepción a la regla para activar el aplausometro en favor de la actual administración estatal. A final, en usted estará darme la razón o tupirme en reproches. Me explico: En repetidas ocasiones hemos denunciado aquí el abandono total en que los Gobiernos han mantenido al sistema penitenciario. Durante años, tal vez décadas, tanto la federación como las administraciones estatales, le han regateado al rubro carcelario los presupuestos suficientes que se requieren para lograr reinsertar socialmente a quienes por alguna causa se han visto implicados en un delito. La consecuencia de ese regateo ha sido que los Centros de Ejecución de Sanciones, (Cedes), se hayan convertido literalmente en universidades del crimen, porque quienes ingresan por un delito salen con maestrías o doctorados en delincuencia. Las carencias en custodios, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, y toda una gama de profesionistas necesarios para cumplir con el tratamiento a que deben ser sometidos quienes han delinquido, han contribuido para que las prisiones sean focos de violencia recurrente y,  paradójicamente, sean consideradas  zonas poblacionales mucho más peligrosas que cualquier colonia o asentamiento humano de la ciudad más insegura. Todo ello, como le decía, es la consecuencia de la apatía gubernamental para atender con suficiencia y eficiencia el último eslabón del sistema de justicia, en lo que evidentemente se trata de un absurdo porque, por un lado el Gobierno invierte multimillonarios presupuestos para atacar y encarcelar a los delincuentes y por el otro los regresa a la calle mucho más peligrosos y sanguinarios. Pues bien, resulta que por primera vez una administración estatal, la de Francisco García Cabeza de Vaca, se ha decidido a entrarle de frente al problema. Para ello, en el presupuesto de egresos del 2018, el Gobierno cabecista contempla una inversión, con recursos propios, de 1, 940 millones de pesos para atender, por fin, la justicia carcelaria. De esos casi dos mil millones de pesos, 1,700 se utilizarán para la terminación del nuevo Penal de Ciudad Victoria, y el resto serán canalizados a la rehabilitación y ampliación de los otros  reclusorios estatales.

ASI ANDAN LAS COSAS.