Sheinbaum confirma proceso de Profepa contra SpaceX por basura espacial en Tamaulipas
Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha iniciado un proceso legal contra la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, debido a la contaminación generada por basura espacial que ha caído recientemente en el estado de Tamaulipas.
El anuncio se dio durante la conferencia matutina de la mandataria, donde afirmó que ya se evalúan los impactos de seguridad ambiental por los restos de cohetes lanzados desde la base de Starbase, ubicada en el extremo sur de Texas, cerca de la frontera con México.
“Se está haciendo la revisión general, qué leyes internacionales se están violando. A partir de ahí se iniciará el proceso y las demandas necesarias”, expresó Sheinbaum.
“Sí hay contaminación”, subrayó.
La declaración presidencial fue respaldada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien un día antes pidió que se investigue si SpaceX cumple con las distancias mínimas internacionales que deben respetarse para lanzar cohetes cerca de zonas pobladas. “No se puede poner en riesgo a los centros urbanos”, declaró.
¿Qué está investigando Profepa?
La Profepa ya ha asumido la evaluación del impacto ambiental por la caída de restos de cohetes en zonas como la Playa Bagdad, en Matamoros, y áreas rurales cercanas al Río Bravo.
Según reportes locales, fragmentos metálicos y componentes plásticos fueron hallados en terrenos agrícolas y ganaderos tras la explosión del cohete Starship 36, ocurrida el 18 de junio, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades y habitantes.
Además, SpaceX reconoció que el pasado 27 de mayo, durante su noveno intento de lanzamiento de la nave Starship, el vehículo espacial perdió el control, comenzó a girar y se desintegró, cayendo de forma descontrolada en el océano Índico. Sin embargo, residuos también habrían caído en el norte de México, según testimonios locales.
Relevancia internacional
El caso abre un nuevo debate sobre el cumplimiento de normativas internacionales para el lanzamiento de vehículos espaciales y la responsabilidad ambiental de empresas privadas como SpaceX, que realiza pruebas a pocos kilómetros de territorio mexicano.
México podría presentar acciones legales en el plano internacional si se determina que hubo violación a tratados o convenios ambientales multilaterales, en un contexto donde la basura espacial representa un riesgo creciente para comunidades y ecosistemas.