Conacyt ocultó informe crítico con el Tren Maya

Más de 30 científicos entregaron un reporte del impacto del proyecto antes de la consulta de 2019
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El Tren Maya, la obra estrella de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, conllevará afectaciones negativas a 10 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y a sus servicios ambientales, como la recarga de los acuíferos y su capacidad para capturar carbono. Además, podría implicar la destrucción irrecuperable de mil 288 sitios arqueológicos, ha vulnerado los derechos de 146 mil indígenas, las tierras aportadas para el proyecto y sus polos de desarrollo jamás podrán recuperarse; además, el empleo que creará será precario y temporal.

También se prevé que abone al incremento de la trata de personas y al tráfico de drogas en los cinco estados afectados.

Ese es el resumen del documento Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, elaborado por el grupo constituido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el análisis de riesgos en los territorios en los que está proyectado el Tren Maya.

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A finales de septiembre de 2019, el Conacyt invitó a más de 30 investigadores para conformar este grupo con el fin de estudiar las afectaciones a lo largo de los mil 500 kilómetros de vía, las diferentes estaciones y ciudades por las que pasará el tren.

Tras la convocatoria de la consulta, el 15 de noviembre de 2019, el consejo apremió a los investigadores para que entregaran el análisis, bajo el entendido de que la información se difundiría antes del proceso.

De acuerdo con fuentes cercanas a su elaboración, un primer resultado fue enviado entre el 10 y el 12 de diciembre, pero el informe, en lugar de ser distribuido a secretarías y público en general, fue detenido.

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El análisis completo consta de cinco documentos de 60 cuartillas cada uno y se hizo llegar un resumen ejecutivo a la Presidencia de la República. La consulta se celebró finalmente el 14 y el 15 de diciembre de 2019. Votaron 100 mil personas en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

La División de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que ésta no cumplió con los estándares internacionales y que los votantes apoyaron la obra sólo por la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.