Tania Contreras: un año de cambios frente a décadas de rezago

La magistrada presidenta reportó más de 200 acciones contra retrasos, rezago salarial, tecnología obsoleta y barreras de acceso.

Al rendir su primer informe de labores, Tania Contreras informó que hace un año recibió un Poder Judicial con retrasos crecientes, más de una década de rezago salarial, tecnología obsoleta y un Archivo Judicial colapsado. Durante su primer año, reportó más de 200 acciones para cambiar la operación de los tribunales, mejorar las condiciones laborales y acercar la justicia a la ciudadanía.

Uno de los problemas era el aumento en los tiempos de resolución y la acumulación de expedientes. Contreras señaló que tampoco existían herramientas suficientes para medir el desempeño de los tribunales e identificar dónde se concentraban los retrasos.

El Poder Judicial comenzó a registrar cuántos asuntos ingresan y cuántos se resuelven, cuánto tardan las audiencias y qué obstáculos impiden dar respuestas oportunas.

“Una justicia más pronta no es solamente una aspiración institucional, es un derecho de las personas y una obligación de este Poder Judicial”, expresó.

El rezago también alcanzaba las condiciones laborales. De acuerdo con el informe, los salarios llevaban más de diez años sin una actualización suficiente y había trabajadores cuyo sueldo base se encontraba por debajo del salario mínimo.

Contreras reportó que durante su primer año se concretó un incremento salarial con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, para comenzar a atender una demanda que permaneció pendiente durante años.

Las carencias se extendían a las herramientas y los espacios de trabajo. Más del 91 por ciento del equipo de cómputo era obsoleto y la red de comunicaciones llevaba más de 20 años sin una renovación de esa magnitud. También había instalaciones deterioradas y necesidades de capacitación entre el personal. A ello se sumaba un Archivo Judicial saturado después de más de 15 años de rezago en la organización y depuración de expedientes, cuya acumulación ya afectaba el funcionamiento de los juzgados.

La magistrada presidenta informó que comenzó la modernización tecnológica, la rehabilitación de espacios y la capacitación de los trabajadores. Sin embargo, reconoció que todavía falta consolidar esas mejoras.

La apertura a la ciudadanía quedó entre las prioridades de la nueva administración. Cuando comenzó, las sesiones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no se transmitían en vivo y muchas personas tenían que acudir a los tribunales o recurrir a un abogado para conocer el estado de sus asuntos.

Contreras señaló que esta nueva etapa busca abrir las decisiones a la sociedad y aprovechar la tecnología para facilitar las consultas. Como parte de la estructura creada por la reforma judicial, la vigilancia, evaluación y disciplina de las personas juzgadoras quedaron a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.

El diagnóstico también identificó barreras para quienes acudían por primera vez a un tribunal, vivían en comunidades alejadas del Altiplano o requerían atención acorde con una condición de autismo o neurodivergencia. La preparación para juzgar con perspectiva de género, agregó, era prácticamente nula.

El informe incluyó la preparación del nuevo sistema de justicia oral civil y familiar. Aunque la reforma constitucional se aprobó en 2017, Contreras sostuvo que durante años no se tomaron las decisiones necesarias en infraestructura, capacitación y planeación. Su administración inició los trabajos para adoptar ese modelo.

También planteó fortalecer los mecanismos que permiten resolver conflictos mediante el diálogo y los acuerdos, así como fomentar una cultura de paz en escuelas, familias y comunidades.

Contreras reconoció que los problemas acumulados siguen sin resolverse por completo. “Un año no es suficiente para resolver los problemas acumulados por décadas ni para completar una transformación de esta magnitud”, sostuvo.

Entre los pendientes mencionó reducir los tiempos de respuesta, consolidar las condiciones laborales, continuar la modernización tecnológica, ampliar el acceso a la justicia, preparar los nuevos sistemas procesales y mantener la transparencia y la rendición de cuentas.