SCJN deja firme orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero

El máximo tribunal del país rechazó el último amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas y avaló la legalidad del mandato judicial emitido por un juez federal del Estado de México.
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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió mantener vigente la orden de captura en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de presuntos vínculos con delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la sesión del Pleno, las ministras y ministros avalaron el proyecto que dejó sin efectos el amparo que aún frenaba la ejecución de la orden de aprehensión, al considerar que el mandato judicial cumple con los parámetros constitucionales y que no correspondía a los jueces de amparo sustituir las funciones del juez de control.

Aunque hubo observaciones sobre la forma en que se analizó el caso —particularmente en torno a si la Corte debía entrar al estudio de las pruebas o limitarse a revisar la legalidad del amparo concedido—, la mayoría coincidió en que la protección judicial otorgada al exmandatario no era procedente.

Con esta determinación, las autoridades federales quedan habilitadas para continuar con las acciones legales dentro del proceso penal, e incluso se abre la puerta a mecanismos de cooperación internacional en caso de que se requiera la localización del acusado fuera del país.

El caso se remonta a 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos financieros. Un año después, la Cámara de Diputados aprobó el juicio de procedencia que retiró el fuero al entonces gobernador, lo que permitió avanzar en la investigación y derivó en la emisión de la orden de captura.

Tras una serie de recursos legales, controversias constitucionales y suspensiones, el expediente llegó a la Suprema Corte, que ahora fijó una postura definitiva: la orden de aprehensión es válida y el proceso penal puede seguir su curso sin bloqueos judiciales.

La resolución representa un punto clave en uno de los casos de mayor impacto político y judicial en Tamaulipas en los últimos años.