Refuerzan atención de peticiones de protección a candidatos

Autoridades del Gobierno de Tamaulipas y del Ietam se reúnen con dirigentes estatales de partidos políticos
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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- 

Todos los días se reunirán de manera virtual representantes del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas, así como de la Secretaría de Gobernación federal y de la Secretaría General de Gobierno estatal, además de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para analizar y resolver cada una de las solicitudes de protección policial, que presenten actuales candidatos en esta entidad. 

El secretario general de Gobierno del Estado, Héctor Joel Villegas González, dijo que esto reforzará la atención que la Mesa de Seguridad de Tamaulipas -encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya- ha estado dando a este tipo de peticiones.

El funcionario se reunió en la tarde-noche del domingo en Palacio de Gobierno con el presidente del Consejo General del Ietam, Juan José Guadalupe Ramos Charre; y la titular de la Fepade, Krisna Judith Villado Mejía. 

Además de las y los dirigentes estatales Yuriria Iturbe Vázquez, de Morena; Mercedes del Carmen Guillen Vicente, del PRI; Manuel Muñiz Cano, del PVE; y David Valenzuela Barrios, del PRD. 

Así como el representante de la Coordinación Estatal del MC, Gerardo Valdez Tovar. 

Tras este encuentro, Ramos Charré dijo que, hasta ese momento, se habían recibido 21 solicitudes de protección policial de parte de igual número de abanderados a cargos de elección locales. 

Recalcó que nada más una de dichas peticiones había sido acompañada de una denuncia de amenaza en contra del candidato solicitante, mientras que el resto tenían que ver con una sensación personal de inseguridad de los interesados. 

Apuntó que 14 de las solicitudes fueron presentadas por aspirantes a alcaldías; y las otras 7 por prospectos a diputaciones locales, de los cuales se reservó los nombres.

Ramos recomendó a las y los abanderados interesados en custodia policial presentar la petición acompañada de una denuncia penal de amenazas concretas, ya que eso permite a las autoridades federales y estatales de seguridad definir el nivel de riesgo y el tamaño del dispositivo de protección, que se debe de brindar en cada caso.