Proponen crear padrón estatal de personas sancionadas por maltrato animal
El diputado de Morena Marcelo Abundiz Ramírez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para crear el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Maltrato Animal. Busca prevenir la reincidencia y reforzar las políticas de protección animal en Tamaulipas.
Abundiz Ramírez señaló que la propuesta busca construir una cultura de respeto, empatía y responsabilidad hacia los animales. Consideró que también ayudaría a prevenir conductas violentas, ya que diversos estudios han señalado la relación entre el maltrato animal y otras expresiones de violencia social y familiar.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas. El objetivo es establecer un padrón institucional en el que se incorpore exclusivamente a personas con una resolución administrativa firme o una sentencia definitiva por actos de crueldad o maltrato animal.
Durante la presentación de la iniciativa, el legislador destacó que Tamaulipas ha registrado avances en materia de protección animal, pero persisten vacíos en el marco jurídico. Dijo que esos vacíos dificultan el seguimiento de personas sancionadas por este tipo de conductas y limitan la implementación de acciones preventivas y la coordinación entre las autoridades competentes.
El registro estaría bajo la administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y tendría carácter de consulta institucional. Su acceso estaría restringido a autoridades competentes y organismos vinculados con la protección animal, exclusivamente para los fines previstos en la legislación aplicable.
La iniciativa plantea que la información del padrón pueda considerarse en procedimientos de adopción, resguardo, custodia y manejo de animales. Con eso busca reducir riesgos y reforzar las medidas de protección hacia los seres sintientes.
El proyecto establece que las personas permanecerían inscritas en el registro durante cinco años en casos de infracciones administrativas graves, diez años cuando exista reincidencia o durante el periodo que determine una autoridad judicial. Contempla también garantías relacionadas con el debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de datos personales.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, revisión y, en su caso, la elaboración del dictamen respectivo.
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