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Ciudad de México, 12 de febrero de 2026.–
El Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inhabilitó al juez federal Juan Fernando Alvarado López por actuar de manera parcial e ilegal para favorecer al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La resolución, publicada ayer, deriva de una investigación que documentó múltiples irregularidades en decisiones judiciales que durante cuatro años obstaculizaron la acción de la justicia. El Tribunal acreditó que el juez otorgó suspensiones de forma sistemática para proteger al exmandatario, pese a que desde 2022 se habían presentado más de 37 quejas contra jueces y magistrados federales de Reynosa por presuntas actuaciones a su favor. La investigación se originó durante el proceso electoral de 2024, cuando Cabeza de Vaca intentó registrarse como diputado federal plurinominal por el PAN. Para ello, buscó evadir dos requisitos constitucionales: acreditar residencia en el país y recuperar, por vías judiciales indebidas, sus derechos políticos. Aunque es público que el exgobernador salió de México desde septiembre de 2022, intentó obtener una carta de residencia. Con apoyo del juez Alvarado López, buscó forzar al Ayuntamiento de Reynosa a expedir dicho documento. Cabeza de Vaca enfrenta además dos órdenes de aprehensión por delitos graves, entre ellos delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que lo coloca fuera del ejercicio de derechos políticos. Pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó su registro como candidato, el juez federal concedió una suspensión para inscribirlo, ignorando la resolución electoral e intentando modificar su condición de prófugo de la justicia. Faltas graves y abuso de funciones El Tribunal de Disciplina determinó que el juez incurrió en faltas graves, principalmente por intervenir en asuntos fuera de su competencia constitucional. Entre ellas, otorgó una suspensión para proteger al entonces fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, e impedir su remoción pese a que no contaba con exámenes de control y confianza. La resolución estableció que estas actuaciones atentaron contra el orden público y el interés social, además de violar los artículos 99 y 107 de la Constitución, que prohíben a jueces de distrito pronunciarse sobre derechos político-electorales. El Tribunal concluyó que el juzgador actuó sin profesionalismo y de forma contraria a su investidura. Red de complicidades La resolución sostiene que las decisiones del juez formaron parte de una estructura diseñada para permitir a Cabeza de Vaca evadir la justicia. “Cabeza de Vaca formó y financió una red de complicidad y corrupción para blindarse y evadirse de la acción de la justicia”, señala el fallo. Las suspensiones tenían como objetivo frenar tanto a la Fiscalía General de la República como a los jueces de control encargados de procesar los casos en su contra. Por la gravedad de las conductas, el Tribunal de Disciplina de la SCJN inhabilitó a Juan Fernando Alvarado López para desempeñar cargos públicos y participar en contrataciones gubernamentales. La decisión confirma que durante años operó una red judicial de protección al exgobernador tamaulipeco y que ahora comienza a desmantelarse.