Frena juez Vicefiscalías Anticorrupción creadas por el Congreso

El juez de distrito Juan Fernando Alvarado López, afín al ex gobernador Cabeza de Vaca respondió a nuevo recurso de Fiscal Anticorrupción 
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CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En evidente acto de protección al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, el juez de distrito Juan Fernando Alvarado López, afín al ex gobernador Cabeza de Vaca concedió de manera inverosímil una nueva suspensión a efecto de que no se le aplique al quejoso la reforma recientemente aprobada por el Congreso de Tamaulipas, mediante la cual se crearon las Vicefiscalías Anticorrupción, dependientes de la Fiscalía General del Estado. 
Este hecho inusitado implica la paralización del propio Poder Legislativo estatal, pues bajo este razonamiento, el Congreso Local no podría modificar las normas de la institución pues, a juicio del juzgador, se vulneran los derechos de Ramírez Castañeda.
Cabe señalar que en el mes de octubre del año en curso el Congreso del Estado determinó separar  temporalmente de su cargo a Ramírez Castañeda, al iniciar en su contra un procedimiento de remoción debido a la falta del cumplimiento de los requisitos fundamentales para ejercer el cargo, específicamente, la no acreditación de las evaluaciones de control y confianza.
Sin embargo, una resolución del juez Alvarado López permitió a Ramírez Castañeda reincorporarse a sus funciones, a partir de lo cual ha incurrido en violencia laboral, tratos crueles y denigrantes en contra de los propios trabajadores de la citada fiscalía.
Al entrar en vigor la reformada Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del pasado 24 de octubre, Ramírez Castañeda nuevamente acudió ante el juez de distrito Alvarado López, señalando como acto reclamado la reforma antes citada, argumentando que se restringen y se limitan sus funciones, recibiendo respuesta favorable a su improcedente petición. 
Es de mencionarse que la Ley de Amparo dispone que es improcedente el juicio constitucional contra actos inherentes a los nombramientos que en ejercicio de su soberanía correspondan a los congresos locales.