Ciudad Victoria, Tamaulipas. –
Con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el día de hoy, se llevó a cabo la primera sesión del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, en la cual se aprobó formalmente su instalación y con ello, inicia sus funciones, marcando un precedente en la historia judicial de la entidad.
El Tribunal de Disciplina Judicial es una instancia dotada de independencia técnica, de gestión y con atribuciones para emitir resoluciones.
Este órgano está integrado por cinco magistradas y magistrados electos por la ciudadanía a través del voto popular.
Asimismo, el Tribunal de Disciplina Judicial es el responsable de evaluar y dar seguimiento al desempeño de las juezas y jueces de Primera Instancia y Menores; además, de resolver los conflictos que puedan suscitarse entre el Poder Judicial del Estado y sus servidoras y servidores públicos, así como los que se presenten entre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y sus empleadas y empleados.
Lo preside la Magistrada Presidenta Ludivina Aldape Garfias, y es conformado por el Magistrado Luis Gerardo Uvalle Loperena, la Magistrada Alma Delia Gámez Huerta, la Magistrada Rosa Isela Cavazos Balboa y el Magistrado Jesús Manuel Castillo Quintanilla.
Este Tribunal contará con dos órganos auxiliares con autonomía de gestión, a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del ejercicio de su competencia, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas y el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial; con el apoyo de la Dirección de Visitaduría Judicial.
Este nuevo organismo disciplinario representa la transformación de un sistema responsable, confiable y cercano, capaz de garantizar el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en sus instituciones.
Con estas acciones de innovación, el Poder Judicial de Tamaulipas consolida una nueva etapa con visión de transparencia, ética y rendición de cuentas, reafirmando su compromiso con la ciudadanía y con el fortalecimiento del Estado de Derecho en la entidad, garantizando con ello la independencia, legalidad y continuidad de la función jurisdiccional en materia disciplinaria.