El caso Dalka es jurídico, no político: Autoridades
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó categóricamente los señalamientos sobre una presunta persecución política en torno al litigio que mantiene con la empresa Grupo Empresarial Dalka, al asegurar que se trata de un asunto estrictamente jurídico analizado y respaldado por diversas instancias jurisdiccionales.
Durante una conferencia de prensa, el consejero jurídico de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Marco Antonio García Barrientos, sostuvo que las versiones difundidas recientemente en algunos espacios mediáticos omiten elementos fundamentales del caso, por lo que consideró necesario exponer el contexto completo a la ciudadanía.
Explicó que el conflicto tiene su origen en un contrato para el suministro de despensas celebrado en marzo de 2023, rescindido por la administración estatal al detectarse el incumplimiento de una obligación esencial: la presentación de las pólizas de garantía requeridas para asegurar el cumplimiento contractual.
Posteriormente, la empresa promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa reclamando una indemnización por daños y perjuicios. El consejero jurídico destacó que el litigio ha transitado durante más de tres años por distintas instancias administrativas y federales, y que las resoluciones emitidas hasta el momento han respaldado la actuación del Gobierno del Estado.
Recordó que, aunque en enero de 2025 una sala unitaria emitió una resolución favorable a la empresa, dicha determinación fue impugnada por las dependencias involucradas. Como resultado, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa revocó por unanimidad esa resolución en mayo de 2025 y ordenó la reposición del procedimiento, decisión ratificada posteriormente por autoridades federales.
"Este asunto no ha sido resuelto por una sola persona ni por una sola instancia. Ha sido revisado por órganos jurisdiccionales estatales y federales que han confirmado que el Gobierno de Tamaulipas ha actuado dentro del marco legal", señaló.
Respecto al procedimiento penal en curso, García Barrientos aclaró que este no deriva de diferencias políticas ni de declaraciones públicas, sino de una investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tras detectar inconsistencias documentales dentro del propio litigio administrativo.
De acuerdo con la información presentada, la investigación surgió a partir de una aparente contradicción entre las fechas señaladas en la demanda de la empresa y los datos proporcionados por la institución afianzadora encargada de emitir las pólizas de garantía. Mientras la demanda afirmó que dichos documentos fueron entregados el día de la firma del contrato, la afianzadora reportó que las pólizas fueron emitidas semanas después, situación que motivó las indagatorias por posibles delitos de falsedad de declaraciones y fraude procesal.
Asimismo, desmintió que exista una orden de restricción o limitación de movilidad contra el representante legal de la empresa, señalando que este ha participado libremente en audiencias judiciales e incluso sostuvo encuentros institucionales con autoridades estatales para dialogar sobre el caso.
García Barrientos afirmó que el Gobierno del Estado mantiene plena disposición al diálogo dentro de los cauces legales, pero reiteró que su principal responsabilidad es proteger los recursos públicos y garantizar que las decisiones administrativas beneficien a la ciudadanía. Destacó que las acciones emprendidas estuvieron orientadas a asegurar mejores condiciones para la adquisición y distribución de apoyos alimentarios, privilegiando el interés colectivo sobre cualquier interés particular.
Finalmente, el consejero jurídico insistió en que el caso debe analizarse desde una perspectiva jurídica y no política, y subrayó que serán las autoridades competentes quienes emitan las resoluciones definitivas.