Aprueban diputados el Paquete Fiscal de Tamaulipas del 2026
Este documento contempla un Presupuesto de Egresos superior a los 81 mil millones de pesos.
Además de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal a través de las cuales se alcanzaría tal monto.
Reconocieron que el presupuesto planteado por el gobernador Américo Villarreal Anaya era austero, responsable y con sentido social, pues se orientó a sectores prioritarios como educación, salud, seguridad pública y desarrollo rural.
El diputado Isidro Vargas Fernández recalcó el enfoque humanista en la futura aplicación de dicho recurso económico, pues privilegiará a las y los tamaulipecos en situación de mayor vulnerabilidad.
Mientras que su homólogo Marcelo Abundiz Ramírez destacó que las reformas a la miscelánea fiscal fortalecerán la recaudación y mantendrán el sistema tributario estatal eficiente sin impactar la economía familiar.
“Sin duda alguna, refleja el compromiso con la sociedad para mantener finanzas públicas saludables, aprovechando las áreas de oportunidad y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las crecientes y justas demandas sociales de las y los tamaulipecos”, declaró.
Por su parte, la diputada Ursula Patricia Salazar Mojica señaló que los ingresos esperados por 81 mil 15 millones de pesos, representan una alza de 4.72 por ciento, respecto al actual ejercicio fiscal, gracias a una mejora en la recaudación propia y también a un mayor apoyo de la Federación.
De tal manera esto garantiza la continuidad de los programas prioritarios del Gobierno de Tamaulipas.
Por otra parte, el pleno legislativo aprobó los dictámenes correspondientes a las Leyes de Ingresos de 13 municipios que presentaron modificaciones a sus ordenamientos fiscales: Altamira, Camargo, Ciudad Madero, Jaumave, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Soto la Marina, Tampico, Tula y Villagrán.
En este contexto, se resaltó que no se autorizaron impuestos nuevos en ninguno de estos municipios.
Además, se eliminaron conceptos de cobro que son competencia federal, en apego a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales establecen que dichos conceptos no deben ser cobrados por los gobiernos municipales.
De igual forma, se realizaron ajustes en diversos derechos, reduciendo montos que resultaban elevados, con el objetivo de establecer tarifas razonables y evitar afectaciones a la economía de las familias tamaulipecas.