Justicia desahuciada
Mañana se cumplen tres años del estreno en todo el Estado, del sistema de justicia penal acusatorio.
Es cierto, desde el 2013 se comenzó a experimentar con el nuevo modelo de enjuiciamiento penal, pero se generalizó hasta el 13 de junio del 2016, cinco días antes de que se implementara en todo el país.
La fecha es oportuna entonces para que reflexionemos y nos preguntemos, si el sistema ha cumplido con las expectativas que generó desde el 2008, cuando se reformó la Constitución federal para sustituir el tradicional modelo mixto de procuración e impartición de justicia.
En razón de ello, vale la pena hacernos las siguientes preguntas:
1.- ¿Son más ágiles los procesos penales?
2.- ¿Se acabó la corrupción entre los operadores jurídicos?
3.- ¿Hay mayor transparencia en los juicios?
4.- ¿Hay más confianza de la sociedad en las instituciones de justicia?
5.- ¿Se acabó el rezago de asuntos por resolver?
6.- ¿Se logró que solamente un 10 por ciento de los conflictos legales llegaran al ámbito jurisdiccional para que el 90 por ciento restante se resolvieran con mecanismos alternos?
7.- ¿Se respeta el principio de presunción de inocencia?
Desconozco cuáles serían las respuestas que al respecto darían la Procuraduría General de Justicia, el Poder Judicial y el Instituto de Defensoría Pública, pero por lo que hemos visto y conversado con litigantes, el diagnóstico es muy pesimista.
Para comenzar, los procesos no son tan ágiles como se prometió. Las Unidades Generales de Investigación están saturadas de carpetas de investigación, que no han sido judicializadas porque la capacidad de agentes del Ministerio Público y policías investigadores está rebasada.
¿Corrupción? Por supuesto que sigue habiendo corrupción. Los presuntos “candados” en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), resultaron muy endebles para frenar la avaricia de servidores públicos, que lo mismo cobran por devolver un vehículo robado recuperado, que por dejar en libertad a una persona a la que no se le probó la acusación.
Hablar de transparencia es ocioso. Los Jueces han abusado de la facultad que les otorga la ley para declarar privada una audiencia, con lo cual violentan impunemente la calidad de público que deben tener los juicios.
Todo ello ha impedido, por supuesto, que la sociedad recobre la confianza en las instituciones de justicia. La creencia popular sigue siendo de que, la balanza de la justicia se inclina hacia el que tiene dinero y no hacia el que posee la razón o la verdad legal.
El compromiso aquel de que con el sistema acusatorio se acabarían los enormes rezagos que caracterizaban al modelo tradicional de justicia penal, sigue pendiente. Como le decía, hay miles de ciudadanos esperando que se les haga justicia.
Hay una explicación contundente al respecto: son más las carpetas de investigación que se integran y judicializan que los conflictos que son resueltos con mediación, conciliación, o por medio de algún procedimiento establecido en la ley.
Del principio de presunción de inocencia, mejor ni hablar. Se ha dado un exagerado uso y abuso de la prisión preventiva como medida cautelar, lo cual tiene en los reclusorios a miles de personas esperando una sentencia.
Se nos dijo que la presunción de inocencia sería la joya de la corona del sistema acusatorio, porque permitiría que, salvo excepciones en casos de delitos graves, nadie pisaría una prisión sin antes haber sido sentenciado. Pero todo fue una mentira. De hecho, una reciente reforma Constitucional acaba de ampliar el número de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, y ya se “cocina” otra para sumar más ilícitos.
Bajo ese escenario, la conclusión es que, a tres años de su implementación, el sistema acusatorio de justicia penal está desahuciado.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com