Fracaso tempranero
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Este 13 de junio próximo se cumplirá el primer año de vigencia general del sistema de justicia penal acusatorio en Tamaulipas. Serán los primeros doce meses de la llegada del nuevo modelo procesal penal, que los Gobiernos nos vendieron como la cura mágica para la corrupción y la tortuosidad que caracterizaba al sistema tradicional.
¿Hay algo que festejar? ¿Hay una diferencia visible entre el antes y el después? ¿Confía más la sociedad en la llamada justicia penal ahora que es oral y, supuestamente, pública? La respuesta para todas y cada una de esas interrogantes es un contundente: “no”.
La realidad de las cosas es que los justiciables no vemos o percibimos ningún cambio en el sistema de justicia. Persisten los mismos vicios: la procuración e impartición de justicia siguen siendo lentas e indignas de la confianza ciudadana.
Cuando en 2008 se reformó la Constitución federal para dar paso al nuevo sistema de justicia penal, se nos dijo a los mexicanos que la oralidad permitiría tener juicios mucho más rápidos. Que el hecho de que las audiencias fueran publicas sería un freno para la corrupción porque los Jueces estarían como en una especie de aparador donde el ciudadano vería y evaluaría su trabajo.
Pero no ha sido así. Tanto agentes del Ministerio Público como Jueces siguen recibiendo “línea” para resolver en tal o cual sentido un proceso.
Se nos prometió que el principio de presunción de inocencia evitaría injusticias, encarcelando a inocentes o liberando a culpables.
También eso ha sido falso. El sistema está permitiendo ahora que casi todos aquellos que cometen un delito enfrenten su proceso en libertad, pero el Estado no tiene forma de garantizar que esa persona no vuelva a delinquir. Por supuesto que la indignación de la víctima del delito es justificada cuando ve que quien cometió el ilícito en su perjuicio se pasea campante en la calle.
Se nos aseguró además que, se acabarían los rezagos porque el Código Penal establecería tiempos máximos para cerrar una investigación y para decirle a una persona si era o no culpable del delito que se le imputaba.
Pero no. Nada de eso ha sido cierto. Hoy las Unidades Generales de Investigación están atiborradas de carpetas de investigación, lo cual echa al traste con la supuesta rapidez que nos ofrecería la justicia oral. Eso significa que, igual que antes, hay miles de ciudadanos esperando respuesta a su demanda de justicia.
En descargo de los agentes del Ministerio Público, sobre todo de la mayoría, habría que decir que ese rezago enorme de carpetas de investigación no se debe a que sean muy malos investigando o por ineptos. Lo que sucede es de que están rebasados en su capacidad por la insuficiencia de personal.
Pero eso no justifica el fracaso institucional.
Lo peor de todo es que no se ha logrado disminuir ni un ápice la desconfianza social. Los ciudadanos seguimos desconfiando del sistema de justicia penal. Seguimos creyendo que las sentencias favorecen al que tiene más poder económico y político que a quien realmente tiene la razón jurídica
Por todo ello, algo tendrán que hacer los Gobiernos para revertir ese fracaso tempranero. Y deben hacerlo con urgencia.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com
¿Hay algo que festejar? ¿Hay una diferencia visible entre el antes y el después? ¿Confía más la sociedad en la llamada justicia penal ahora que es oral y, supuestamente, pública? La respuesta para todas y cada una de esas interrogantes es un contundente: “no”.
La realidad de las cosas es que los justiciables no vemos o percibimos ningún cambio en el sistema de justicia. Persisten los mismos vicios: la procuración e impartición de justicia siguen siendo lentas e indignas de la confianza ciudadana.
Cuando en 2008 se reformó la Constitución federal para dar paso al nuevo sistema de justicia penal, se nos dijo a los mexicanos que la oralidad permitiría tener juicios mucho más rápidos. Que el hecho de que las audiencias fueran publicas sería un freno para la corrupción porque los Jueces estarían como en una especie de aparador donde el ciudadano vería y evaluaría su trabajo.
Pero no ha sido así. Tanto agentes del Ministerio Público como Jueces siguen recibiendo “línea” para resolver en tal o cual sentido un proceso.
Se nos prometió que el principio de presunción de inocencia evitaría injusticias, encarcelando a inocentes o liberando a culpables.
También eso ha sido falso. El sistema está permitiendo ahora que casi todos aquellos que cometen un delito enfrenten su proceso en libertad, pero el Estado no tiene forma de garantizar que esa persona no vuelva a delinquir. Por supuesto que la indignación de la víctima del delito es justificada cuando ve que quien cometió el ilícito en su perjuicio se pasea campante en la calle.
Se nos aseguró además que, se acabarían los rezagos porque el Código Penal establecería tiempos máximos para cerrar una investigación y para decirle a una persona si era o no culpable del delito que se le imputaba.
Pero no. Nada de eso ha sido cierto. Hoy las Unidades Generales de Investigación están atiborradas de carpetas de investigación, lo cual echa al traste con la supuesta rapidez que nos ofrecería la justicia oral. Eso significa que, igual que antes, hay miles de ciudadanos esperando respuesta a su demanda de justicia.
En descargo de los agentes del Ministerio Público, sobre todo de la mayoría, habría que decir que ese rezago enorme de carpetas de investigación no se debe a que sean muy malos investigando o por ineptos. Lo que sucede es de que están rebasados en su capacidad por la insuficiencia de personal.
Pero eso no justifica el fracaso institucional.
Lo peor de todo es que no se ha logrado disminuir ni un ápice la desconfianza social. Los ciudadanos seguimos desconfiando del sistema de justicia penal. Seguimos creyendo que las sentencias favorecen al que tiene más poder económico y político que a quien realmente tiene la razón jurídica
Por todo ello, algo tendrán que hacer los Gobiernos para revertir ese fracaso tempranero. Y deben hacerlo con urgencia.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com