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Teniendo bajo su responsabilidad una de las funciones que mayor impactan en la sociedad, como es la administración de justicia, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), debería estar integrado por Magistrados dotados de una absoluta independencia que les permita ejercer a plenitud la imparcialidad a que están obligados.
Sin esa autonomía la impartición de justicia se pone en riesgo grave porque queda a la deriva, a la decisión de factores de presión, subjetivos o externos, y no a lo que se logre probar dentro de los procesos, como debería de ser.
En teoría, esa independencia del Poder Judicial es una obligación en cualquier sociedad democrática en atención al principio de división de Poderes.
Sin embargo, la realidad es bastante distante.
Es así porque durante décadas los Gobiernos priistas usaron al Supremo Tribunal de Justicia como una agencia de colocaciones para beneficiar a la familia, a los amigos, o bien para pagar o cubrir cuotas políticas, sin importarle que con ello comprometieran la imparcialidad con que debe regirse todo sistema de justicia.
Un examen del historial de cada uno de los actuales Magistrados bastaría para probar lo que le digo. Salvo dos o tres excepciones, atrás de cada uno de los Juzgadores de segunda instancia hay un “padrinazgo” político.
Hay, por ejemplo, Magistrados que recibieron su Sala en “pago” por servicios políticos prestados al PRI-Gobierno, mientras que otros llegaron amparados en los lazos consanguíneos o de amistad con quienes gobernaban.
Pocos, como le decía, están ahí por merecimientos propios, entendidos estos como una amplia trayectoria judicial o un prestigio ganado como profesionales del Derecho.
Lamentablemente ese ha sido un lastre con el que ha cargado el Poder Judicial de Tamaulipas, y de ahí nace o se origina mucha de la desconfianza en el sistema de administración de justicia.
Le traigo el tema a la mesa por dos razones: una, que por primera vez Tamaulipas tiene a un Gobierno distinto al PRI, con un mandatario que ha expresado con insistencia su decisión de dignificar el sistema de justicia y, sobre todo, de alejarlo de cualquier sombra de sospecha.
Y dos, que está en puerta la reestructuración del Supremo Tribunal de Justicia, primero con la designación de un nuevo Magistrado, en reemplazo del decano de los Juzgadores y con seguridad un hombre probo que dio prestigio a la tarea de administración de justicia, Bibiano Ruiz Polanco, quien recientemente renunció, y después con un inminente enroque en la presidencia del Poder Judicial.
Bajo todo ese contexto, y tomando en cuenta de que Tamaulipas estrena la alternancia en el Gobierno, me parece que estamos en el momento propicio para establecer un parteaguas en la historia del Poder Judicial local.
En ese sentido, ojalá y que en la nueva conformación que se dé gradualmente del Supremo Tribunal de Justicia, se vayan erradicando esas añejas y detestables prácticas de poner la impartición de justicia en manos de los familiares o “cuates”, sin importar que sean unas nulidades en lo que se supone que deberían ser expertos.
Ayer, el presidente del Colegio de Abogados de Ciudad Victoria, Emilio Barrientos Martínez, hacía una sugerencia o propuesta muy interesante: democratizar la designación de Magistrados, abriendo la posibilidad de acceder al cargo a quienes se sientan con méritos y capacidades para ello.
Actualmente es el Gobernador quien propone la designación de Magistrados por lo que el ideal sería que fuera mediante concurso regido por el Consejo de la Judicatura.
Creo que esa sería una excelente alternativa para lograr que paulatinamente la administración de justicia quede en manos expertas y confiables.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com
Sin esa autonomía la impartición de justicia se pone en riesgo grave porque queda a la deriva, a la decisión de factores de presión, subjetivos o externos, y no a lo que se logre probar dentro de los procesos, como debería de ser.
En teoría, esa independencia del Poder Judicial es una obligación en cualquier sociedad democrática en atención al principio de división de Poderes.
Sin embargo, la realidad es bastante distante.
Es así porque durante décadas los Gobiernos priistas usaron al Supremo Tribunal de Justicia como una agencia de colocaciones para beneficiar a la familia, a los amigos, o bien para pagar o cubrir cuotas políticas, sin importarle que con ello comprometieran la imparcialidad con que debe regirse todo sistema de justicia.
Un examen del historial de cada uno de los actuales Magistrados bastaría para probar lo que le digo. Salvo dos o tres excepciones, atrás de cada uno de los Juzgadores de segunda instancia hay un “padrinazgo” político.
Hay, por ejemplo, Magistrados que recibieron su Sala en “pago” por servicios políticos prestados al PRI-Gobierno, mientras que otros llegaron amparados en los lazos consanguíneos o de amistad con quienes gobernaban.
Pocos, como le decía, están ahí por merecimientos propios, entendidos estos como una amplia trayectoria judicial o un prestigio ganado como profesionales del Derecho.
Lamentablemente ese ha sido un lastre con el que ha cargado el Poder Judicial de Tamaulipas, y de ahí nace o se origina mucha de la desconfianza en el sistema de administración de justicia.
Le traigo el tema a la mesa por dos razones: una, que por primera vez Tamaulipas tiene a un Gobierno distinto al PRI, con un mandatario que ha expresado con insistencia su decisión de dignificar el sistema de justicia y, sobre todo, de alejarlo de cualquier sombra de sospecha.
Y dos, que está en puerta la reestructuración del Supremo Tribunal de Justicia, primero con la designación de un nuevo Magistrado, en reemplazo del decano de los Juzgadores y con seguridad un hombre probo que dio prestigio a la tarea de administración de justicia, Bibiano Ruiz Polanco, quien recientemente renunció, y después con un inminente enroque en la presidencia del Poder Judicial.
Bajo todo ese contexto, y tomando en cuenta de que Tamaulipas estrena la alternancia en el Gobierno, me parece que estamos en el momento propicio para establecer un parteaguas en la historia del Poder Judicial local.
En ese sentido, ojalá y que en la nueva conformación que se dé gradualmente del Supremo Tribunal de Justicia, se vayan erradicando esas añejas y detestables prácticas de poner la impartición de justicia en manos de los familiares o “cuates”, sin importar que sean unas nulidades en lo que se supone que deberían ser expertos.
Ayer, el presidente del Colegio de Abogados de Ciudad Victoria, Emilio Barrientos Martínez, hacía una sugerencia o propuesta muy interesante: democratizar la designación de Magistrados, abriendo la posibilidad de acceder al cargo a quienes se sientan con méritos y capacidades para ello.
Actualmente es el Gobernador quien propone la designación de Magistrados por lo que el ideal sería que fuera mediante concurso regido por el Consejo de la Judicatura.
Creo que esa sería una excelente alternativa para lograr que paulatinamente la administración de justicia quede en manos expertas y confiables.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
roger_rogelio@hotmail.com